La ley restringe los derechos de libertad de expresión de los jornaleros

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Phoenix - El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Phoenix expidió una orden preliminar impidiendo que el poblado de Cave Creek, Arizona, hiciera cumplir una ordenanza prohibiendo solicitar empleo, la cual atropella los derechos de libre expresión de los jornaleros de ese poblado. Aunque queda pendiente el fallo final en el caso, la orden garantiza que los jornaleros podrán ejercer sus derechos constitucionales de expresar su disposición a trabajar al pararse en áreas públicas sin temor a que se les levante una infracción con base en la ordenanza.

"Esta es una victoria importante para los jornaleros y todas las demás personas en Cave Creek que deseen ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor a ser castigados," dijo Mónica M. Ramírez, abogada del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), y principal abogada en el caso. "La Constitución protege los derechos a la libre expresión de todas las personas, y la decisión del día de hoy deja en claro que los jornaleros padecerían un daño irreversible si se les denegara el derecho de pararse en la banqueta o a lo largo de los caminos de Cave Creek para expresar su disposición a trabajar."

A fines de marzo, la ACLU, la ACLU de Arizona y el Fondo Mexicano-Americano para la Defensa Legal y Educativo (Mexican American Legal Defense and Educational Fund, o MALDEF, por sus siglas en inglés) entablaron una demanda legal contra el poblado de Cave Creek, el alcalde y el alcalde suplente, a nombre de Héctor López, Leopoldo Ibarra e Ismael Ibarra, tres jornaleros con amplia trayectoria y residentes de Arizona, que en el pasado habían solicitado trabajo exitosamente en Cave Creek al pararse en áreas públicas, indicando de manera pacífica a los ocupantes de vehículos que circulaban que estaban dispuestos a ser contratados de manera temporal. López, Ibarra e Ibarra ahora podrán dar a conocer su disposición para trabajar por jornada sin temor a que se les levanten infracciones por haber violado la ordenanza.

Al conceder la orden preliminar, el juez recalcó que otros tribunales de distrito del Noveno Circuito han concluido de manera uniforme que las ordenanzas semejantes que prohíben solicitar empleo son anticonstitucionales.

"La decisión del día de hoy debe servir de advertencia a otros gobiernos estatales y locales que han considerado ordenanzas similares: el promulgar este tipo de ordenanzas discriminatorias es inadmisible y los expone a litigios muy costosos. A lo largo y ancho del país, la mayoría de los jueces que han evaluado estas ordenanzas, que prohíben solicitar empleo, las han suspendido," afirmó Kristina Campbell, abogada de MALDEF.

"Los intentos efectuados a nivel local de regular la inmigración mediante la promulgación de ordenanzas que restringen la libertad de expresión son anticonstitucionales, ineficaces y tan sólo derrochan los presupuestos estatales y locales," puntualizó Campbell.

En septiembre del 2007, el Consejo de la Ciudad de Cave Creek aprobó una ordenanza que restringía la libre expresión al prohibir solicitar empleo, tratos comerciales y donativos de los ocupantes de vehículos parados sobre una calle o camino, o al lado de ellos, incluyendo sobre la banqueta. La ordenanza incluso prohibía que los ocupantes de vehículos legalmente estacionados en áreas públicas solicitaran empleo.

Antes que el poblado promulgara la ordenanza, los jornaleros, quienes normalmente son contratados por propietarios de casas para hacer trabajos de jardinería, construcción ligera, de tipo doméstico y de pintura, solicitaban trabajo en lugares públicos.

"Ahora los alguaciles no pueden usar la ordenanza para justificar el acoso de la gente debido al color de su piel," explicó Héctor López. "Pararme al lado del camino es como yo le hago saber a la gente que estoy dispuesto a trabajar y el tribunal se dio cuenta que eso no es un delito. Los jornaleros son personas que trabajan duro y brindan un servicio valioso a esta comunidad, de las cual formamos parte. Nuestros hijos van a la escuela aquí y nosotros trabajamos, gastamos nuestro dinero y vamos a la iglesia aquí."

Aunque el poblado aparentemente se vio motivado por el deseo de contrarrestar la inmigración ilegal, la ordenanza se aplica a todos los habitantes de Cave Creek, sin importar su nacionalidad ni condición migratoria. La ACLU alega que los individuos, independientemente de su condición migratoria, tienen el derecho a la libre expresión, la cual incluye solicitar empleo en lugares públicos de manera pacífica.

"La Constitución protege a todos los que estamos en este país, sin importar sus antecedentes," indicó Dan Pochoda, Director Jurídico de la ACLU de Arizona. "Los jornaleros y demás personas que deseen ejercer el derecho que les garantiza la primera enmienda de la Constitución de solicitar empleo en lugares públicos, tienen el derecho de hacerlo sin temor de que se discrimine contra ellos simplemente por el color de su piel o porque se les perciba como extranjeros."

Los abogados del caso incluyen a Ramírez y a Cecilia D. Wang del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU; a Pochoda de la ACLU de Arizona; y a Campbell y Cynthia Valenzuela de MALDEF.

El fallo del juez en el caso López y otros, contra el poblado de Town Creek y otros, se puede consultar en: www.aclu.org/discrim/34642lgl20080325.html