Acceso a la Justicia
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En 2002 el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes (IRP) de la ACLU lanzó un nuevo programa de educación llamado "Acceso a la Justicia" para informar a la comunidad Latina sobre la importancia de tener acceso a las cortes federales y al recurso de apelación. Nuestras cortes juegan un papel clave en la protección de los derechos de los inmigrantes. Los derechos más básicos están siendo seriamente amenazados cuando la capacidad de ir a las cortes es restringida o prohibida.
En 1996 el Congreso aprobó la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) que limitó dramáticamente el derecho de retar los fallos de la corte en procesos de inmigración y las políticas migratorias. Por medio del litigio la ACLU ha restaurado exitosamente algunos de estos derechos. El programa de "Acceso a la Justicia" busca la expansión y el fortalecimiento del derecho que tienen los inmigrantes de ir a la corte federal por medio de la educación pública, así como elevar el nivel de conocimiento dentro de la comunidad Latina sobre el papel que juegan las cortes federales en la protección de los derechos de los inmigrantes.
El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU presentó una demanda en la corte federal en contra de una de las restricciones más importantes que se aplicaba a residentes legales de largo plazo y los amenazaba con deportaciones sumarias. Estas deportaciones basadas en condenas por crímenes menores, no dejaban ninguna oportunidad de ser presentadas frente a una corte. Las demandas presentadas en los casos INS v. St. Cyr y Calcano-Martinez v. INS y argumentadas por el Director del IRP Lucas Guttentag, culminaron en dos victorias en 2001 que reivindicaron el derecho de los inmigrantes a tener acceso a las cortes. Como resultado, miles de residentes de largo plazo que habrían estado sujetos a deportaciones obligatorias ganaron el derecho a solicitar una dispensa (waiver) de la deportación. Los fallos de la Suprema Corte fueron victorias cruciales, pero la amenaza al acceso a las cortes continúa-y está creciendo.
Muchas estipulaciones de la ley de 1996 todavía restringen el uso del recurso de apelación en casos de ordenes de deportación. Además, el bloqueo de información por parte del gobierno sobre los detenidos y deportados después del 11 de septiembre, y el uso discriminatorio de las leyes de inmigración contra personas de ciertos países, muestra que las cortes federales son esenciales en la protección de los derechos de los inmigrantes.
La campaña nacional por la legalización tiene el apoyo de sindicatos, asociaciones empresariales, grupos pro-inmigrantes, religosos, comunitarios y de derechos civiles. Como resultado, ha habido varias propuestas de ley en el Congreso en los últimos dos años que habrían dado la residencia legal a algunos inmigrantes indocumentados.
Mientras el debate sobre la legalización continúa, debemos recordar que la última vez que se aprobó una ley de aministía, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, habría sido completamente socavada por el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de no haber sido por el derecho que tenían los inmigrantes de ir a la corte para retar las decisiones o políticas del SIN en casos relacionados con la amnistía.
Las cortes federales han frecuentemente servido como una barrera de protección y el más importante recurso para los inmigrantes en casos relacionados con la educación igualitaria, asilo político, deportaciones injustas--como es el caso de otras luchas históricas de derechos civiles.
Si usted necesita más información acerca del programa "Acceso a la Justicia", por favor oprima aquí: justicia@aclu.org