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NEWARK -- La Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva Jersey (ACLU-NJ) y el Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas (CATA) y demandaron en el corte distrito federal a la ciudad de Bridgeton para cobrarles una tarifa de mas que $1,500 por una marcha por los derechos de los inmigrantes realizado el 1ero de mayo.
Esta tarifa se aproxima a un impuesto de usuario por la libertad de expresión y eso es inconstitucional," dijo Frank Corrado quien, de parte del ACLU-NJ, es el abogado voluntario para CATA. "Bridgeton es responsable para proveer policía y otros servicios gubernamentales para todo uso de sus calles publicas, incluyendo para marchas y desfiles. Imposición de estas tarifas significará que solo los ricos tendrán el derecho a expresarse, y nuestro Constitución agraciadamente lo prohíbe."
Este año, como el año pasado, CATA organizó una Marcha de Derechos de los Inmigrantes en Bridgeton para expresar apoyo para la reforma migratoria. En 2006, la marcha de CATA no fue cobrada ninguna tarifa para policía o limpieza. Como el año pasado, CATA aplico por un permiso y trabajo con la policía y la ciudad para determinar la ruta. Ambos años, la marcha se realizo sin incidente alguno.
Pero, este año, Bridgeton demando una tarifa de $1,800 para la policía y un depósito de $200 para limpieza. Después de negociaciones entre CATA, la ACLU-NJ, y Bridgeton, la ciudad se acordó no requerir que las tarifas sean pagadas antes de la marcha, pero agrego que enviaría la cuenta a CATA después de la marcha.
Varias semanas después de la marcha del 1 de mayo, CATA recibió una carta de la ciudad solicitando pago para gastos "adicionales" de policía para la actividad, sumando a más de $1,500. CATA solicito que se retirara la cuenta, pero en una carta recibida el 12 de junio, 2007, la ciudad dijo que perseguiría exigencia de pago y más que continuaría a buscar tal reembolso en el futuro.
"No le encuentro el valor que lo usa para prohibir los derechos que tenemos todos los que vivimos en este gran país a la libre expresión." dijo Mariza Ibarra, miembro de la Junta Directiva de CATA y residente de Bridgeton, "...somos una parte vulnerable de la población y solo estamos luchando para obtener la dignidad de vivir en este mundo como Dios quiere y esta Nación pregona."
En su demanda legal, el ACLU-NJ, en representación de CATA, dijo que oficiales de Bridgeton practicaron "discreción arbitraria y ilimitada" en facturar a CATA para los gastos de la policía dado que la ciudad no tiene una ordenanza que autorice imponer tarifas para marchas o desfiles.
CATA origino en 1975 como un proyecto de Trabajadores Agrícolas de ACLU-NJ. Después, CATA se re-organizo independientemente como una organización propia de membresía de trabajadores migrantes que lucha para los derechos humanos de trabajadores migrantes y inmigrantes. Actualmente CATA tiene membresía extensa por el sur de New Jersey y un comité de líderes activos en Bridgeton que organizaron ambas marchas y otras actividades en la comunidad.
La demanda, CATA v. Bridgeton, fue sometida en la Corte Federal en Camden.
La queja esta disponible en línea a:
www.aclu-nj.org/legal/legaldocket/catavbridgeton.htm.
Más información de CATA esta disponible a:
www.cata-farmworkers.org.