Casos de Ordenanzas Anti-Inmigrantes a Nivel Local
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Conozca los detalles acerca de estos casos en inglés >>
En docenas de ciudades de todo el país, algunos funcionarios de gobiernos locales están intentando expulsar a los inmigrantes de sus comunidades, castigando a aquellas personas que den trabajo o alquilen vivienda a individuos que no puedan comprobar la legalidad de su estancia a satisfacción de las autoridades municipales.
Esta ola de ordenanzas anti-inmigrantes comenzó en abril del 2006 con una iniciativa de ley en San Bernardino, California, que buscaba denegar permisos, contratos y becas de la ciudad a negocios que emplearan a inmigrantes indocumentados. Dicha ley también permitiría que la policía embargara los vehículos que se utilizaran para levantar a los jornaleros, además de prohibir que pudieran alquilar o rentar vivienda y requerir que todo asunto oficial de la ciudad se efectuara en inglés.
Una ordenanza similar a la de San Bernardino fue aprobada en el poblado de Hazleton, Pennsylvania, en julio del 2006. Esta nueva ley contenía una definición muy vaga y amplia de lo que era un inmigrante “ilegal” y pretendía castigar a los caseros, empleadores y demás personas que tuvieran tratos comerciales con los inmigrantes, además de incluir una disposición que exigía el uso exclusivo del inglés. Desde entonces, aproximadamente 100 localidades han propuesto alguna versión u otra de la ordenanza de Hazleton en 29 estados, cada una con redacciones y alcances distintos. De éstas, 40 han sido aprobadas.
La ACLU se opone a estos intentos de imponer y aplicar políticas de inmigración a nivel local. Estas leyes exigen que los dueños de negocios, los caseros y los empleados del gobierno de la ciudad se vuelvan expertos en distinguir entre los tipos de identificación válidos y los que no lo son, además de que verifiquen la condición migratoria de las personas y determinen la autenticidad de la documentación del migrante.
Estas ordenanzas imponen enormes castigos a los dueños de negocios que se equivoquen, alentando a que los empresarios discriminen contra cualquiera que sospechen de ser extranjero para no arriesgarse a las multas y sanciones asociadas con el incumplimiento de la ordenanza.
La ACLU ha impugnado leyes como éstas en Hazleton; Cherokee County, Georgia; Escondido, California; Valley Park, Missouri; Riverside, Nueva Jersey; y Farmer’s Branch, Texas. Las demandas legales afirman que dichas ordenanzas son anticonstitucionales por pretender sobreponerse a las leyes federales de inmigración, y quebrantan leyes federales (y con frecuencia estatales) contra la discriminación. Las ordenanzas también impiden el acceso a los procedimientos jurídicos justos al suspender los contratos laborales y de alquiler de vivienda, sin que los afectados tengan el derecho a una audiencia. Aquellos que sean miembros de comunidades de inmigrantes o que hablen con acento serán inevitablemente los que se verían obligados a comprobar su condición migratoria, y también serían a quienes se les denegaría injustamente vivienda y empleo, así como bienes y servicios. Muchos dueños de negocios latinos y residentes legales se mudarían de las comunidades con ordenanzas como éstas, debido a la creación de un ambiente hostil.
Como resultado de los esfuerzos de la ACLU y otros promotores, los tribunales y las comunidades están analizando con ojo crítico estas ordenanzas. Ninguna ordenanza que hemos impugnado en los tribunales ha podido ser aplicada, pues los tribunales reconocen que los gobiernos municipales se han excedido al tratar de imponer leyes que se sobreponen a las leyes federales de inmigración. Aproximadamente 29 leyes como ésta que han sido aprobadas, han sido suspendidas o derrotadas. Las personas que propusieron la iniciativa de ley en San Bernardino no lograron reunir suficientes firmas, por lo que la propuesta nunca llegó a las urnas electorales.