Entregan evidencia al Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security)
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WASHINGTON - La unión de libertades civiles de los Estados Unidos (American Civil Liberties Union, o ACLU, por sus siglas en inglés), el Centro de Políticas sobre Inmigración (Immigration Policy Center, o IPC, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center, o NILC, por sus siglas en inglés) y la coalición de Trabajadores Inmigrantes con Bajos Ingresos (Low Wage Immigrant Worker, o LWIW, por sus siglas en inglés) presentaron el día de hoy nuevas evidencias que confirman que si la regla de “no concuerda” (“no match”) que propone el Departamento de Seguridad de la Patria (Department of Homeland Security, o DHS, por sus siglas en inglés) entra en vigor, resultaría en el despido masivo de ciudadanos estadounidenses y demás trabajadores con permiso, además de que tendría un impacto devastador en las empresas y la economía de los Estados Unidos.
La regla, la cual se publicó el 26 de marzo para recibir comentarios del público, haría uso ilegal de la base de datos de la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, o SSA, por sus siglas en inglés), a pesar de estar plagada de errores, con fines de hacer cumplir las leyes migratorias, exigiendo que los patrones despidan a los trabajadores que no puedan aclarar cualquier discrepancia existente en su expediente del Seguro Social.
El día de hoy fue el último día en que la DHS aceptaba comentarios acerca de la regla. Una amplia gama de organizaciones, desde aquellas dedicadas a defender los derechos civiles, hasta las del sector empresarial, han entregado sus comentarios para expresar su firme oposición a la regla. Entre estas organizaciones se encuentra la ACLU y la coalición LWIW.
Los comentarios de la coalición LWIW y un nuevo informe del IPC incluyen datos de un nuevo análisis económico que comisionó la Cámara de Comercio de los EE.UU., cuyo autor fue Richard B. Belzer. El Sr. Belzer, quien posee un doctorado en Política Pública de la Universidad de Harvard, es un experto en políticas y prácticas regulatorias de las instancias federales. Durante 10 años se ha desempeñado como economista en la Oficina Presidencial de Administración y Presupuesto (President’s Office of Management and Budget, o OMB, por sus siglas en inglés). El análisis de Belzer muestra sin equívocos que la regla de “no concuerda” que se propone tendría costos económicos significativos que impactarían de manera negativa tanto a los empleadores como a los inmigrantes con permiso de trabajo.
Las declaraciones que aparecen a continuación se pueden atribuir a los siguientes individuos:
Michele Waslin, Analista Principal de Políticas del Centro sobre Políticas de Inmigración:
“Al intentar transformar las cartas de “no concuerda” de la Administración del Seguro Social en un instrumento de las autoridades para hacer cumplir las leyes de inmigración, DHS no impedirá el flujo de inmigrantes indocumentados ni servirá de sustituto de una verdadera reforma migratoria. La nueva regla, sin embargo, provocará que los ciudadanos y residentes legales de los EE.UU. pierdan sus trabajos, resultará en mayores gastos para los empleadores, y representará una carga adicional para la Administración del Seguro Social, cuyo personal de por sí se encuentra agobiado, y que tiene personal y recursos insuficientes. Más de 165,000 trabajadores de los EE.UU. con derecho a trabajar podrían perder sus trabajos debido a su incapacidad para aclarar discrepancias en la SSA. El costo a los empleadores será de al menos mil millones de dólares al año. Aunque el programa de “no concuerda” comenzó como un intento de corregir los archivos de la SSA para que los trabajadores pudieran recibir las prestaciones que se habían ganado, acabará obligando a más trabajadores a quedar sumidos en la economía subterránea de pagos al contado, donde ya no se verán obligados a pagar impuestos a la SSA, y esto afectará a aquellos empeñados trabajadores estadounidenses, que tendrán que aguantar mayores demoras al solicitar sus prestaciones.”
Lucas Guttentag, Director del Proyecto sobre los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU:
“El confiarse de la defectuosa base de datos del Seguro Social es una receta para el desastre. El gobierno de Bush castigará a los trabajadores dedicados y legales, denegará empleo a los ciudadanos estadounidenses y provocará la discriminación y las represalias contra trabajadores que pudieran tener el aspecto de ser extranjeros o que traten de hacer valer sus derechos laborales. En lugar de castigar a los trabajadores estadounidenses, quienes serán las víctimas de una base de datos con deficiencias fatales, el gobierno debería abandonar esta regla, a menos que pueda garantizar que ningún trabajador estadounidense perderá su empleo.
Sarita Gupta, Directora de Jobs with Justice, representando a la Coalición deTrabajadores Inmigrantes de Bajos Ingresos:
“Esta regla mal pensada subvertirá los derechos de todos los trabajadores y no hará nada para atender la realidad de unos siete millones de trabajadores vulnerables en los EE.UU. Ya hemos visto que los empleadores, para escudarse de cualquier responsabilidad bajo las leyes migratorias, suponen erróneamente que los trabajadores que aparecen en las cartas de “no concuerda” son indocumentados y simplemente los despiden sin darles la oportunidad de corregir sus expedientes. Otros empleadores con aun menos escrúpulos han utilizado las cartas de “no concuerda” como una herramienta para poder ocultar la contratación y explotación de trabajadores indocumentados, subvirtiendo por lo tanto los derechos de todos los trabajadores.
Puede obtener una copia de los comentarios de la ACLU en:
www.aclu.org/immigrants/workplace/35016leg20080424.html
Puede obtener una copia de los comentarios de la LWIC en:
www.lwiw.org/SSA_NM/lwiw_comments_4-24-08.pdf
El resumen ejecutivo del análisis exhaustivo del IPC sobre la regla de “no concuerda” de la SSA se obtiene en:
www.immigrationpolicy.org/images/File/factcheck/IPCNoMatchRegs
03-08.pdf
El análisis de Belzer se obtiene en:
www.regulations.gov/fdmspublic/component/main?main=DocumentDetail
&d=ICEB-2006-0004-0324.1
A continuación se presenta una muestra de organizaciones de todo el país que han registrado su oposición a la regla propuesta por el DHS:
Organizaciones nacionales y regionales
ACORN
AFL-CIO
American Civil Liberties Union
American Friends Service Committee
Center for Community Change
Change to Win
Fair Immigration Reform Movement
Interfaith Worker Justice
Jobs with Justice
Mexican American Legal Defense and Educational Fund
National Employment Law Project
National Immigration Law Center
National Korean American Service & Education Consortium (NAKASEC)
Northwest Federation of Community Organizations
Northwest Workers' Justice Project
South Asian Americans Leading Together
United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE)
Organizaciones estatales y locales
California Rural Legal Assistance, Inc., CA
California Rural Legal Assistance Foundation, CA
Chicago Workers' Collaborative, IL
Conexión Américas, TN
East Bay Alliance for a Sustainable Economy, CA
El CENTRO de Igualdad y Derechos, NM
El Centro, Inc, KS
Greater Boston Legal Services, MA
Hate Free Zone, WA
Idaho Community Action Network, ID
Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, IL
Korean American Resource & Cultural Center, IL
Korean Resource Center, CA
La Fuente, NY
La Raza Centro Legal, CA
Maintenance Cooperation Trust Fund, CA
Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition, MA
Nebraska Appleseed Center for Law in the Public Interest, NE
North Carolina Justice Center, NC
Oregon Action, OR
Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition, PA
Services, Immigrant Rights, and Education Network, CA
South Chicago Workers Center, IL
Sweatshop Watch, CA
Washington Community Action Network, WA
Working Hands Legal Clinic, IL
YKASEC - Empowering the Korean American Community, NY