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NUEVA YORK-En un alegato amicus curiae ("amigo de la corte"), presentado a la Suprema Corte de E.U. el día de hoy, la Unión Americana de Libertades Civiles exhortó a los magistrados a no aceptar el argumento del gobierno de que puede detener al ciudadano de E.U. Yaser Esam Hamdi en una cárcel militar sin haberle presentado cargos, sin llevar acabo un juicio y sin darle acceso considerable a un abogado.
"La perspectiva desde la posición del gobierno, no tiene precedentes. La detención arbitraria del ejecutivo ha sido vista como inconsistente con un estado de derecho, por lo menos desde que se escribió la Carta Magna", afirmó el Director Legal de la ACLU, Steve R. Shapiro. "Simplemente no hay bases legales o constitucionales para permitir que el gobierno detenga a Hamdi indefinidamente solamente basándose en la decisión unilateral del Presidente".
Lo que está en cuestión es la pretención del Presidente de tener autoridad para consignar a un ciudadano estadounidense como un "enemigo de combate" y luego detenerlo indefinidamente en una prisión militar sin una oportunidad siginficativa al derecho de apelación. Dos años depués de su confinamiento inicial, Hamdi todavía no ha tenido oportunidad de presentar su versión de la historia-y jamás la tendrá si el gobierno predomina.
El alegato de la ALCU, presentado junto con el Comité Judío Americano, los Abogados Defensores para la Asistencia Pública y la Unión por la Reforma al Judaismo, alega que la acción del Presidente nunca ha sido autorizada por el Congreso, viola el derecho al debido proceso de la ley y es inconsistente con las Convenciones de Ginebra.
Si el Presidente carece de autoridad para consignar a un ciudadano estadounidense como un "enemigo de combate", Hamdi tiene que ser puesto en libertad o se le deben de presentar cargos criminales, dijeron los grupos en su alegato. Si el Presidente tiene la autoridad que él pretende, Hamdi todavía está en su derecho de reunirse con su abogado en privado y apelar las bases de la consignación del gobierno. Finalmente, bajo las Convenciones de Ginebra, hasta un "enemigo de combate" debe de ser tratado como un prisionero de guerra, algo que el gobierno se ha rehusado a hacer rotundamente.
El caso de Hamdi muy probablemente será expuesto ante la Suprema Corte en abril junto con el caso de José Padilla, el cual los magistrados decidieron aceptar para revisión el viernes pasado. Estos dos casos, así como la apelación a la detención indefinida del gobierno de extranjeros sospechosos detenidos en una prisión militar en Guantánamo, Cuba, podría traer alguna resolución a las controversias sobre derechos civiles en referencia con la respuesta al 11 de septiembre de la administración. La ACLU tiene la intención de presentar informes en estos tres casos.
Hamdi es supuestamente un "detenido del campo de batalla" quien peleó por el régimen Talibán en Afganistán. Las fuerzas de la Alianza del Norte en Afganistán lo arrestaron durante el conflicto militar en el otoño de 2001. Hamdi fué transferido después a la custodia del ejército de Estados Unidos y luego trasladado junto con otros prisioneros, a la base naval en Guantánamo, Cuba. Cuando la ciudadanía estadunidense de Hamdi fué confirmada, se le transfirió a una celda militar en Carolina del Sur en donde, hasta hace muy poco, estaba totalmente incomunicado y sin ningun acceso a un abogado. Todavía no se le ha acusado de ningún delito.
"No podemos permitir que la guerra contra el terrorismo se convierta en una excusa para ignorar la Constitución y nuestras obligaciones en los tratados internacionales", declaró Shapiro. "En este caso hay algo más allá que la libertad individual. Este en un caso que en última instancia pone en duda nuestro compromiso con el estado de derecho".
El caso es Hamdi v. Rumsfeld, No. 03-6696
El documento de la ACLU se puede encontrar electrónicamente en inglés en: /cpredirect/13853.