La ACLU Sostiene Ante los Tribunales quela Proteccion Constitucional en Contra del Cateo y Allanamiento Beneficia a Todos los Inmigrantes en los E.E.U.U.

PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

SALT LAKE CITY- La Unión American de Libertades Civiles hoy anunció que presentará un alegato pidiéndole a la Corte de Apelaciones del Décimo Distrito la revocación de su propia decisión, que por cierto no tiene precedente y amenaza con despojar de su derecho a ser libres de cateo o allanamiento injustificado a muchos inmigrantes porque estos violan la 4a Enmienda Constitucional.

En un caso relacionado con un proceso penal por reincidencia en la entrada ilegal al país, la Corte Federal de Utah decidió que la prohibición de la Cuarta Enmienda contra cateo o allanamiento injustificado por parte de agentes policiales no se aplica a "extranjeros delicuentes previamente deportados".

"Ha existido un reconocimiento reiterado por parte de los agentes policiales y las cortes, de que los extranjeros están protegidos por los derechos constitucionales de este país cuando están en E.U.", explicó Dani Eyer, Directora Ejecutiva del ACLU de Utah, quien presentó un alegato como "amicus curiae" ("amigo de la corte") sobre el caso, junto con el Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, la Asociación Federal de Abogados Defensores y la Asociación Nacional de Abogados para la Defensoría Legal.

Jorge Esparza-Mendoza, el acusado en este caso, fué juszgado en 2002 por reincidencia en la entrada ilegal a Estados Unidos.  Oficiales del Sheriff del Condado de Salt Lake lo interrogaron y detuvieron cuando su automóvil, que estaba estacionado, fué dañado en un altercado y declinó denunciar los daños o mostrar una identificación a los alguaciles que investigaban el caso.

La corte distrital decidió que su detención por parte de los agentes de la oficina del Sheriff se trató de un allanamiento injustificado bajo los criterios de la 4a Enmienda Constitucional. Sin embargo, la corte también afirmó que la 4a Enmienda Constitucional no se aplica a Esparza-Mendoza o a ningún otro inmigrante como él, sobre la base de que tales inmigrantes carecen de "conecciones suficientes con la comunidad nacional".
 
En el alegato presentado el 24 de diciembre de 2003, la ACLU arguyó que el fallo de la corte distrital no tiene precedente en la jurisprudencia constitucional pues carece de sustento legal.  Además, es contrario a cualquier precendente de la Suprema Corte y pondría en riesgo de socavar la protección que la 4a Enmienda Constitucional otorga a todos los ciudadanos e inmigrantes por igual en los Estados Unidos.

"La decisión de la corte distrital constituiría una divergencia radical de cualquier precedente y pondría en riesgo de socavar las protecciones esenciales de la 4a Enmienda Constitucional", dijo Cecilia Wang, abogada en la ACLU y principal autor del alegato de la ACLU.

"Nuestro alegato demuestra que el propósito de los autores de la Constitución al redactar la 4a Enmienda era proteger a todos dentro de los Estados Unidos y la corte distrital mal interpretó las raíces históricas de la Enmienda", Wang agregó.  "Por otra parte, la corte utilizó inadecuadamente el lenguage de una decisión de la Suprema Corte que concierne solamente a allanamientos fuera de los Estados Unidos, lo cual se refiere a algo completamente diferente tanto por razones constitucionales como prácticas.  Esta corte distrital se coloca como única entre todas las cortes distritales que sostiene esta interpretación errónea".

Lucas Guttentag, director del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien es uno de los abogados co-autores del alegato de la ACLU, agregó: "Así como otras cortes lo han reconocido, la 4a Enmienda se aplica universalemente cuando la policía arresta a una persona en este país.  Cualquier otra interpretación pondría en riesgo de socavar las protecciones constitucionales tanto para los ciudadanos como para los inmigrantes, al invitar a la policía a que tome decisiones con poco discernimiento acerca del estatus migratorio de una persona basándose en su apariencia física, su etnicidad o raza".

El caso llamado United States v. Esparza-Mendoza, No. 03-4218 está pendiente en la Corte del Décimo Distrito.  El expediente de la ACLU puede encontrarse (en inglés) en la liga de internet: /cpredirect/11630
 
Los abogados encargados del alegato son Wang y Michael S. Kwun de Kefer & Van Nest, un bufete de abogados representando a la ACLU pro bono; Guttentag del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU; y David M Porter de la Asociación Nacional de Abogados para la Defensoría Legal.

Ben Hamilton, abogado de Utah quien está representando a Esparza-Mendoza presentó un alegato separado el 17 de diciembre de 2003.