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PHOENIX – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y una coalición de grupos de derechos civiles entablaron el día de hoy una demanda colectiva, o acción de clase, ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, impugnando la nueva ley estatal que requiere que la policía exija "documentos" a las personas a quienes piden que se detengan cuando haya la sospecha de que no tienen autorización para estar en los EE.UU. Esta extremosa ley, acusa la coalición, incita a la discriminación contra las personas de color, infringe la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU. e interfiere con las leyes federales.
La coalición que presenta la demanda incluye a la ACLU, MALDEF, National Immigration Law Center (NILC, por sus siglas en inglés), la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), la ACLU de Arizona, la Red Nacional de Organización de los Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) y el Centro Jurídico de Americanos de Asia del Pacífico (APALC, por sus siglas en inglés), integrante del Centro Asiaticoamericano para el Impulso a la Justicia (Asian American Center for Advancing Justice).
"La ley de Arizona es anti-americana por excelencia: no somos un país en donde hay que mostrar nuestros documentos, ni uno donde se crea en hacer a las personas objetos del acoso, la investigación y el arresto tan sólo porque otros los perciban como extranjeros," afirmó Omar Jadwat, abogado de la ACLU del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. "Esta ley viola la Constitución e interfiere con las leyes federales y estamos confiados que se impedirá que esta ley jamás entre en vigor."
La demanda argumenta que la ley de California interfiere ilegalmente con los poderes y las autoridades federales referentes a los asuntos migratorios, contraviniendo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los EE.UU.; fomenta la discriminación racial contra las personas de color por parte de los cuerpos policiacos, en violación de la garantía de protección equitativa y la prohibición contra las detenciones no razonables según la decimocuarta y cuarta enmiendas; y quebranta los derechos a la libre expresión de los jornaleros y otras personas en Arizona.
"La ley discriminatoria sume a Arizona en un espiral descendente de temor, aumento de la delincuencia y litigios costosos," aseveró Víctor Viramontes, Abogado en Jefe Nacional de MALDEF. "Prevemos que esta ley equivocada será objeto de un amparo [será prohibida] antes de que pueda entrar en vigor."
Uno de los individuos a quienes la coalición representa en el caso, Jim Shee, es un ciudadano estadounidense, nacido en los EE.UU., de ascendencia Española y China, de 70 años de edad. Shee asevera que él quedará susceptible a la discriminación racial bajo la ley, y que, aunque la ley no ha entrado en vigor, ya le han detenido dos veces oficiales de la ley de Arizona y le han pedido que muestre sus "documentos."
Otro demandante, Jesús Cuauhtémoc Villa, es un residente del estado de Nuevo México que se encuentra actualmente estudiando en la Universidad Estatal de Arizona. El estado de Nuevo México no exige que se presenten pruebas de la ciudadanía estadounidense ni de la condición migratoria para obtener una licencia de conducir. Villa no tiene pasaporte de los EE.UU. y no quiere arriesgarse a perder su acta de nacimiento al portarla consigo. Le preocupa viajar en Arizona sin alguna forma de identificación válida que compruebe su ciudadanía a la policía si le piden que se detenga en la vía pública. Si no puede presentar pruebas cuando se le exijan, las autoridades de Arizona tienen la obligación de arrestarle y mantenerle detenido.
Varios grupos distinguidos de miembros de los cuerpos policiacos, incluyendo la Asociación de Jefes de Policía de Arizona, se oponen a la ley debido a que desvía los limitados recursos para las responsabilidades principales de los cuerpos policiacos, de dar protección y velar por la seguridad pública en la comunidad, y mina la confianza y la cooperación entre la policía local y las comunidades de inmigrantes.
"Esta ley mal concebida envía un mensaje a las comunidades de personas de color, que las autoridades no son dignas de confianza, lo cual hará menos probable que denuncien un delito ya sea como víctimas o como testigos," explicó Linton Joaquin, Abogado General de la NILC. "Las autoridades de Arizona no deberían dejar que la seguridad pública quede supeditada a la discriminación racial."
"Los afroamericanos conocen demasiado bien los nefastos efectos de la discriminación racial," señala Benjamin Todd Jealous, Presidente y Presidente de la NAACP. "El gobierno debería impedir que la policía investigue y detenga a las personas con base en su color o acento, no ordenar que se haga. Las leyes que alientan la discriminación no tienen cabida en ninguna parte de este país, para nadie."
"Esta ley extremista coloca a Arizona completamente a destiempo con los valores estadounidenses de la justicia y la igualdad," destacó Julie Su, Directora de Litigios de la APALC. "En un estado donde los ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa fueron internados durante la segunda guerra mundial, es profundamente perturbador que se apruebe una ley en el 2010 que imponga un tratamiento de segunda clase a las personas de color, los inmigrantes y a otros que son vistos como fuereños."
La demanda se entabló a nombre de organizaciones laborales, que combaten la violencia intrafamiliar, de jornaleros, de servicios humanos y de justicia social, incluyendo Friendly House, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), SEIU Local 5, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comerciales (UFCW, por sus siglas en inglés), Sudasiáticos de Arizona por la Seguridad de las Familias (ASAFSF, por sus siglas en inglés), la Iglesia Presbiteriana Southside, la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, la Cámara de Comercio Asiática de Arizona, Border Action Network, el Instituto de Desarrollo Comunitario Tonatierra, la Sociedad Musulmana de los EE.UU., la Liga de Ciudadanos Sinoamericanos, Valle del Sol, Inc., la Coalición de Derechos Humanos y demandantes individuales nombrados que serían objetos del acoso o arresto bajo la nueva ley y una clase de personas en condiciones semejantes.
"Los jornaleros han defendido constantemente sus derechos bajo la Primera Enmienda ante los tribunales federales y han establecido con éxito su derecho irrefutable de solicitar trabajo en los lugares públicos," indicó Pablo Alvarado, Director Ejecutivo de NDLON. "Los intentos de Arizona por tildar de criminales a los jornaleros y a los inmigrantes es una afrenta a la Constitución y amenaza con perturbar la unidad nacional, por lo que nos sentimos confiados de que los tribunales federales intervendrán para garantizar la protección de nuestros derechos civiles fundamentales."
Incluso antes de que se promulgara la ley, la aplicación de las leyes federales de inmigración por parte de las autoridades locales ya ha causado la discriminación desenfrenada de los Latinos de Arizona, especialmente en el Condado de Maricopa. La ACLU, MALDEF y otros miembros de la coalición tienen pendientes varias demandas contra funcionarios de gobierno de Arizona debido a las violaciones que han cometido de los derechos civiles de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes.
Las organizaciones y abogados del caso, Friendly House et al. v. Whiting et al., incluyen a:
Puede consultar la denuncia en: www.aclu.org/immigrants-rights-racial-justice/friendly-house-et-al-v-whiting-complaint
Si desea mayores informes sobre la ley de Arizona, incluyendo un video y transparencias de la ACLU, vaya a: www.aclu.org/what-happens-arizona-stops-arizona