La Ordenanza Anti-Inmigrante de Hazleton, Pa.
En octubre del 2006, un juez federal concedió un amparo para impedir que el poblado de Hazleton, Pennsylvania, aplicara una ley anti-inmigrante que se había promulgado durante ese verano. El dictamen resultó de una demanda legal entablada por la ACLU de Pennsylvania, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, el Fondo de Defensa Legal y Educativo Puertorriqueño, Cozen O’Connor, el Proyecto de Justicia Comunitaria, y varios abogados locales.
De acuerdo a la Ley Hazleton, los negocios que se rehusaran a acatar las leyes e investigar la condición migratoria de sus empleados e inquilinos, serían sujetos de multas y la denegación de sus permisos comerciales. La ley no incluye una disposición que permita a los individuos, que sean objeto de las investigaciones, impugnar eficazmente las determinaciones respecto a su condición migratoria. Se tenía previsto que las ordenanzas entrarían en vigor el 1º de noviembre del 2006. La ciudad de Hazleton posteriormente promulgó varias ordenanzas nuevas que pretendían reemplazar la primera serie de ordenanzas, y cuya aplicación también fue suspendida por un juez mientras se evaluaba su validez.
Los funcionarios de Hazleton, sin citar pruebas, han culpado a los inmigrantes indocumentados de muchos de los males que padece la comunidad, como la delincuencia y los problemas económicos. Las personas a favor de la ley afirman que su objetivo es expulsar a los “extranjeros ilegales” del poblado. Muchos latinos, incluyendo a muchos residentes legales de los Estados Unidos, ya se han ido de Hazleton y varios comerciantes latinos han tenido que cerrar sus negocios, según cálculos de organizaciones de comerciantes, debido al ambiente hostil que se ha creado contra ellos y su clientela.
En un juicio que duró 2 semanas, en marzo del 2007, los demandantes presentaron evidencia que mostraba que el intento de Hazleton de culpar a los inmigrantes se basaba en datos tergiversados y propaganda, más no en los hechos. En realidad, las finanzas de Hazleton han mejorado desde que comenzó la ola más reciente de migración, y los inmigrantes indocumentados tienen una menor tasa de delincuencia que otros grupos.
En documentos presentados al juez, los demandantes también sustentan que las ordenanzas quebrantan la Cláusula de Supremacía de la Constitución, sobreponiéndose a las leyes federales y el poder exclusivo del gobierno federal para regular la inmigración, además de que quebrantan las garantías del derecho a procedimientos jurídicos justos y la igualdad de derechos.
El 26 de julio del 2007, el juez del fuero federal James M. Munley, dictaminó que las ordenanzas de Hazleton eran anti-constitucionales, y le prohibió al gobierno municipal de Hazleton aplicarlas.