Serie: Conozca Sus Derechos
Introducción:
Como inmigrantes en Estados Unidos es importante que nos familiaricemos con las leyes y el sistema de gobierno tanto en tiempos de crisis-como en la que nos encontramos ahora-como en tiempos de apertura y abundancia.
En este artículo, Mariana Bustamante del Proyecto de los Derechos de Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) explica el origen de nuestros derechos como inmigrantes, cómo estos derechos ahora están siendo amenazados por el gobierno, y qué debemos hacer para protegerlos.
La Declaración de Derechos Civiles Protege a los Inmigrantes
Aunque a veces parecen no existir, los derechos civiles pertenecen a los inmigrantes así como a los demás ciudadanos de los Estados Unidos. Es por eso que debemos tener una idea clara de cuales son nuestros derechos y qué o quién existe para protegerlos. Además, cambios en las leyes que nos afectan ocurren con frecuencia dependiendo de quién está en el gobierno y siempre existe la posibilidad de que los inmigrantes sean usados como chivos expiatorios y se les acuse de todos los males en nuestra sociedad. Sin embargo, los inmigrantes tenemos un importante aliado: la Declaración de los Derechos Civiles.
La Declaración de los Derechos Civiles - parte esencial de la Constitución de los Estados Unidos desde 1791-- incluye el "debido proceso de la ley" (due process) que es el derecho a ser tratado por el gobierno con estricto apego a la ley cuando la pérdida de libertad o de propiedad están en juego. Éste principio, aunado al principio de "igualdad frente a la ley" (equal access under the law)-el derecho de ser tratado con igualdad sin importar raza, género, religión u origen nacional incluido en la Enmienda 14a de la Constitución-son los principios sobre los cuáles se basa el programa "Acceso a la Justicia" de la Unión Americana de Libertades Civiles, mejor conocida por sus siglas en inglés: ACLU.
Guardián de las Libertades Civiles
La organización no-gubernamental y sin fines de lucro, ACLU fué el primer consultorio jurídico de interés público que se fundó expresamente para proteger la Declaración de los Derechos Civiles.
Fundada en 1920, en una época anti-inmigrante muy similar a ésta en la que el gobierno deportaba inmigrantes por sus afiliaciones políticas, la ACLU luchó para que las cortes federales y el gobierno respetaran la Declaración de los Derechos Civiles. Ayer como ahora, la ACLU sirve para recordarle al gobierno la importancia de proteger los derechos civiles, especialmente en tiempos de crisis, y de proveer el "debido proceso de la ley" para toda persona que se encuentre en el país sin importar su afiliación política o su condición migratoria.
El programa de "Acceso a la Justicia" de la ACLU se inició con la expresa tarea de diseminar información sobre la importancia de recobrar el recurso de apelación y el acceso a las cortes que los inmigrantes perdieron con la reforma a las leyes de inmigración en 1996. El recurso de apelación se refiere al derecho constitucional de recurrir a una segunda instancia judicial cuando la primera ha decidido en nuestra contra. Éste recurso fué severamente limitado en 1996. El Acta de Reforma de Inmigración y de Responsabilidad Inmigrante (IIRIRA) de 1996 limita a los inmigrantes defenderse legalmente de las prácticas y políticas abusivas del Servicio de Inmigración y Naturalización (siglas en inglés: INS). Es decir, que los inmigrantes después de 1996 perdieron el derecho al "debido proceso de la ley" y en muchos casos podían ser deportados de manera acelerada o simplemente ser encarcelados por el Servicio de Inmigración y Naturalización por largos períodos.
Fué entonces cuando el Proyecto de los Derechos de Inmigrantes (siglas en inglés: IRP) de la ACLU, que tenía ya una larga historia de luchar por los derechos civiles de los inmigrantes, decidió emprender una lucha a través de las cortes federales, por restaurar parte del acceso que los inmigrantes tenían antes de las leyes del '96 a esas mismas cortes.
En Abril de 2001 el IRP llevó el caso de Enrico St. Cyr, proveniente de Haití pero con residencia permanente en Estados Unidos, hasta la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte estuvo de acuerdo con el argumento de la ACLU y decidió que el Sr. St. Cyr tenía derecho a ser escuchado por un juez a pesar de estar a un paso de ser deportado. Esto no garantizaba de ninguna manera el resultado de su audiencia pero una vez que el Sr. St. Cyr pudo apelar su caso frente a un juez, éste le dió la libertad después de años de encierro.
La decisión de la Suprema Corte tuvo repercusiones para miles de residentes legales que se encontraban en procesos de deportación como el Sr. St. Cyr sin ningún recurso de apelación.
Esta victoria del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU fué una victoria de gran trascendencia para los inmigrantes. Desgraciadamente, no fué suficiente. No todos los residentes legales pueden beneficiarse de esta decisión porque la Suprema Corte no tomó en cuenta la falta de recurso de apelación de absolutamente todos los inmigrantes; solamente los de algunos inmigrantes con casos semejantes al del Sr. Enrico St. Cyr.
Lo que la ACLU quiere conseguir finalmente es que todos los inmigrantes tengan acceso a la justicia como cualquier ciudadano estadounidense. Pero la completa restauración del recurso de apelación y el acceso a las cortes sólo se puede obtener a través de una nueva ley federal que sea propuesta por el Presidente de los Estados Unidos o el Congreso de la nación.
Una Ley de Legalización Justa: Nostros Podemos Hacer la Diferencia
Recientemente hemos visto resurgir el llamado a un nuevo programa de legalización para los inmigrantes indocumentados. Es por eso que el programa "Acceso a la Justicia" de la Unión Americana de Libertades Civiles hoy se enfoca en promover dentro de la comunidad latina la importancia del acceso a las cortes y al recurso de apelación. Nosotros los latinos, a través de las organizaciones pro-derechos de los inmigrantes, debemos de ejercer presión para que los representantes al Congreso tomen en cuenta estas demandas cuando propongan cambios a las leyes de inmigración.
Precisamente en octubre de 2002 el Diputado Demócrata Richard Gephardt propuso un proyecto de ley que "daría residencia legal a millones de indocumentados" la cual tiene el nombre de "Ley de Legalización Retribuida y Reunificación Familiar de 2002."
La propuesta del Demócrata no será considerada ya por el Congreso este año. En estos tiempos de incertidumbre económica y el clima anti-inmigrante que se vive en el país después de los ataques terroristas, será difícil que una ley que abra las puertas a millones de indocumentados como la de 1986, llamada Ley de Control a la Inmigración (Immigration Reform and Control Act o IRCA, como se conoce por sus siglas en inglés), sea aprobada por el Congreso y se convierta en ley. Sin embargo, lo mismo se dijo en 1986. En aquel tiempo, más de tres millones de personas sin documentos pudieron solicitar para el programa de "Amnistía."
La lucha por la legalización que ya se viene dando desde el año 2000, seguramente tomará unos años más. De todas maneras, el hecho de que miembros del Congreso lo estén considerando seriamente quiere decir que las organizaciones pro-derechos de los inmigrantes tienen una gran oportunidad de promover sus ideas sobre cómo implementar un programa de legalización. La propuesta de ley del Diputado Gephardt contiene cláusulas que dan el derecho al inmigrante de apelar una dicisión del Servicio de Inmigración frente a una corte federal. En caso de que esta propuesta de ley sea resucitada el año próximo en la siguiente sesión del Congreso, o se desarrolle una nueva, es importante que las organizaciones que promueven la legalización incluyan el recurso de apelación y el acceso a las cortes como parte esencial de cualquier proceso de regularización.
Si no empiezan a empujar este elemento en la discusión, será muy difícil que los políticos lo incluyan después, perdiendo así una gran oportunidad para proteger los derechos civiles de los inmigrantes. De la misma manera, si el Congreso no aprueba una ley que incluya el recurso de apelación, el Servicio de Inmigración y Naturalización se tomará el papel de decidir quién califica y quién no para el proceso de legalización. Esto sería un desastre para los inmigrantes, para los sindicatos y para las organizaciones que tanto empeño pusieron en promover una ley de legalización y para el futuro de todos los inmigrantes en este país.
Fué lo que ocurrió en 1986 cuando el Congreso de E.U. aprobó la ley de "Amnistía" (IRCA) y el resultado fué que cientos de miles de inmigrantes se quedaron sin la posibilidad de legalizarse porque "la migra" les dijo que no calificaban. Otros muchos recurrieron a los abogados de inmigración que litigaron casos por más de diez años para que el Servicio de Inmigración reconociera su error y les concediera la legalización. Todavía hoy en día hay gente que sigue tratando de demostrar que su caso fué negado injustamente.
Proteger el Futuro de Millones
En un futuro próximo cuando veamos una ley de legalización para inmigrantes indocumentados habrá millones de personas que decidirán arriesgarse y hacerse visibles a los ojos del Servicio de Inmigración y Naturalización. Una vez que todas estas personas se sometan al proceso de legalización, su suerte estará completamente en manos de "la migra" a menos de que el Congreso permita que los inmigrantes tengan acceso a las cortes federales y al proceso de apelación. Sin la posibilidad de recurrir a un juez cuando el Servicio de Inmigración viola la ley en contra de los inmigrantes, éstos se verán con pocas alternativas a ser deportados o encarcelados.
No cabe duda que si cualquier grupo carece del "debido proceso de la ley" todos los que vivimos en este país perdemos, porque quiere decir que este derecho se le puede quitar a cualquier otro grupo. El "debido proceso de la ley" debe de ser aplicado a todas los individuos que se encuentran en Estados Unidos. Es el principio de una sociedad libre y democrática a la cual todos aspiramos y es el principio en el que está basada la Declaración de los Derechos Civiles. En otras palabras, los derechos constitucionales inscritos en los articulos 4to y 5to que hablan sobre el "debido proceso de la ley" y el de "igualdad frente a la ley" se aplican a todas las personas sean ciudadanas o no. Así han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de E.U. y es así como están plasmados en la Constitución.
Debemos de hacer escuchar nuestras voces y recordarle al gobierno a través de nuestra participación en los proceso políticos que todos debemos tener acceso a la justicia sin importar nuestra condición migratoria.
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-Este artículo fué publicado en dos partes en periódicos comunitarios en California entre septiembre y noviembre de 2002.
Mariana Bustamante es la Coordinadora del Programa de Educación del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes (Immigrants' Rights Project) de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).