Aquellos que Obama dejó olvidados – y deportó sin una oportunidad de ser escuchados

Nydia ya tenía asilo en los Estados Unidos cuando fue deportada dos veces por agentes fronterizos de nuevo al peligro del cual ella huyó. Nydia, una mujer transgénero de México, dijo a los oficiales que ella tenía estatus y que había sido violada y atacada en México cuando regresó para el funeral de su madre.

Ellos la deportaron de todos modos, y ella fue secuestrada y violada de nuevo.

Cada año, más de 363.279 – 83 por ciento – de las deportaciones –desde los Estados Unidos son ordenadas por oficiales de inmigración, no por jueces. Los deportados en procesos de “expulsión sumaria” no obtienen una audiencia o la oportunidad de presentar pruebas, o llamar a un abogado, o incluso decir adiós a sus familias antes de ser expulsados, a veces de por vida. Nuestro informe publicado hoy, “Exilio estadounidense: deportaciones rápidas que pasan por alto la Sala de Justicia“, muestra los increíbles costos a aquellos que expulsamos y a sus familiares que quedan, cuando la prisa por deportar le gana al debido proceso.

Hace dos semanas, el presidente Obama anunció un plan que tiene el potencial de proteger a más de cuatro millones de personas no ciudadanas con vidas enraizadas en los Estados Unidos sin el reconocimiento legal. Al anunciar su Acción Ejecutiva, el Presidente Obama ayudó a millones de residentes indocumentados que se lo merecen, pero no logró reformar el trato hacia las personas atrapadas en nuestra frontera. Nuestra frontera no es una línea, sino, tal como lo indica el Departamento de Seguridad Nacional, un anillo de 100 millas en los Estados Unidos. Y sin embargo este espacio es manejado de manera completamente diferente, incluso para las personas con los mismos valores de renta variable que los aprehendidos en el llamado “interior”.

Tal como determinamos tras una investigación de un año de duración y cerca de 200 entrevistas y estudios de casos, muchas personas detenidas y deportadas en la zona fronteriza no son unas extrañas: entre ellas se encuentran personas residentes desde hace mucho tiempo y padres de ciudadanos estadounidenses. Otras son residentes o trabajadores legales, deportadas durante su ruta diaria al trabajo cuando los oficiales de inmigración federales extinguen sumariamente sus derechos. Y luego están los niños y las familias que huyen de la violencia insondable y que buscan protección en los Estados Unidos. Deportar a estas personas sin un juicio justo y a veces con catastróficas – y hasta predecibles -consecuencias viola nuestras obligaciones de derechos humanos y es opuesto a lo que queremos ser como país.

Al anunciar su programa de Acción Ejecutiva, el Presidente Obama dijo: “Nosotros no instalamos la Estatua de la Libertad de espaldas al mundo; lo hicimos con su luz brillando como un faro hacia el mundo”. Pero cuando los solicitantes de asilo llegan a nuestras fronteras siguiendo ese faro, ellos y muchos otros son deportados rápidamente hacia el peligro, sin una audiencia, a menudo después de firmar formularios de deportación que no entienden y en un idioma que no hablan.

En todas estas situaciones, las personas son deportadas porque los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración tienen un poder increíble y una discreción que se utiliza muy a menudo como una cortina de humo para negar a una persona sus derechos. Los agentes de inmigración no están entrenados como abogados; ni actúan como mediadores independientes. Ellos están capacitados para arrestar, detener y deportar -no para juzgar y autorizar alivio o para ser fluidos en algunas de las leyes más complicadas en los Estados Unidos.

Sin embargo, estas órdenes de deportación, que uno pensaría necesitan más análisis y supervisión, reciben casi nada – mucho menos que una orden de deportación emitida por un juez después de pruebas, testimonios y revisión legal. Lograr que se revisen y eliminen órdenes de deportación ilegales es prácticamente imposible. Y la revisión puede ser muy poca, demasiado tarde, cuando las personas son deportadas de nuevo hacia el peligro.

Individuos como Nydia que ya tienen derechos en los Estados Unidos deben confiar en que los oficiales fronterizos van a creerles, escucharles y preocuparse por sus derechos y quejas. Algunos funcionarios de la patrulla fronteriza hacen bien su trabajo, pero una proporción significativa está actuando – intencionalmente o no – de forma contraria a las leyes estadounidenses que protegen a las familias estadounidenses y a los refugiados. Dar a las personas una oportunidad real para defender sus derechos y presentar quejas ante el tribunal restauraría cierta integridad de nuestro fallido sistema de inmigración, poniendo la justicia primero – y no la conveniencia.