Una juez prohíbe que entren en vigor artículos clave de la ley de caracterización [discriminación] racial de Arizona

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PHOENIX – Al prohibir ayer disposiciones clave de la ley de caracterización racial de Arizona, que entró en vigor el 29 de Julio, mientras se emite un fallo determinante respecto a su constitucionalidad, una juez del tribunal federal en Phoenix garantizó que los cuerpos policiacos de Arizona no se vean obligados a exigir “documentos” de las personas a quienes intercepten y quienes sospechen se encuentran en el país de manera ilegal. El fallo se produjo en una demanda entablada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos impugnando la ley de Arizona. Dicho fallo reivindica reclamos semejantes hechos por la Unión Americana de Libertades Civiles y una coalición de grupos de derechos civiles, mediante una demanda distinta que impugna esta ley discriminatoria.

Los artículos de la ley que se suspenden incluyen las siguientes disposiciones:

• El requisito que los oficiales de la policía investiguen la condición migratoria de todos los individuos a quienes detengan si los oficiales sospechan que se encuentran en el país de manera ilegal;
• La reclusión obligatoria de individuos que sean arrestados, incluso por infracciones menores que normalmente resultarían en una multa, si no pueden verificar que tienen permiso para estar en los Estados Unidos;
• La nueva disposición que impone sanciones estatales de tipo penal contra individuos que no sean ciudadanos y no se registren ante el Departamento de Protección a la Patria, o Homeland Security, o que no lleven consigo los documentos de su registro;
• La disposición para el arresto sin necesidad de que medie una orden, de individuos quienes los oficiales de la ley, ya sea estatales o locales, sospechen que se les puede deportar; y
• La nueva disposición estatal que califica como delito el hecho que los inmigrantes indocumentados trabajen.

La juez suspendió la disposición que habría creado una prohibición estatal contra la posibilidad de que las personas indocumentadas soliciten o desempeñen cualquier trabajo. Sin embargo, la juez no suspendió la disposición que prohíbe que se contrate a jornaleros si el hecho de contratarlos obstaculiza el tránsito de vehículos. La coalición de derechos civiles sostiene que dichos artículos de la ley violan las garantías al derecho de expresión y confían que en última instancia dichos artículos también se prohibirán por ser anticonstitucionales, de acuerdo a la Primera Enmienda de la Constitución.

La coalición de derechos civiles que también impugnó la ley incluye a la ACLU, MALDEF, el Centro Nacional de Derecho Migratorio (National Immigration Law Center, o NILC, por sus siglas en inglés), el Asian Pacific American Legal Center (APALC, por sus siglas en inglés) -un integrante del Asian American Center for Advancing Justice- la ACLU de Arizona, la National Day Laborer Organizing Network (NDLON, por sus siglas en inglés) y la Nacional Association for the Advancement of Colored People (NAACP, por sus siglas en inglés). El despacho jurídico Munger, Tolles y Olson LLP también actúa como abogado adjunto en este caso.

La demanda de la coalición, archivada el 17 de mayo y para la cual se presentaron alegatos el mismo día en que la causa del gobiDepartamento de Justicia, impugna la SB 1070 por motivos jurídicos que también se plantean en la demanda del Departamento de Justicia, así como por otros motivos jurídicos, incluyendo que la ley fomenta la caracterización racial contra las personas de color, viola la Primera Enmienda e interfiere con las leyes federales. Según la coalición, la ley haría que una enorme cantidad de personas, tanto ciudadanos como no ciudadanos, a la caracterización racial, a las investigaciones indebidas y al encarcelamiento. Las siguientes citas se pueden atribuir a miembros de la coalición, quienes se nombran a continuación.

Anthony D. Romero, Director Ejecutivo de la ACLU:

“Este es un paso importante que ayudará a proteger a los residentes de Arizona contra la caracterización racial y la discriminación racial, y el gobierno de Obama merece elogios por su decisión escrupulosa de impugnar esta ley a pesar de las presiones para que se quedara callado. No se puede permitir que la frustración de un solo estado ante las políticas del gobierno federal vaya a chantajear a la autoridad federal ni dictar las prioridades del gobierno federal al grado de impedir que se haga cumplir debidamente la ley, se amenacen los derechos tanto de las personas que son ciudadanas como de aquellas que no lo son, y se violenten los principios fundamentales de los estadounidenses.”

Nina Perales, Abogada de MALDEF para la Región Sudoeste:

“El fallo del día de hoy subvierte el esquema migratorio anticonstitucional que Arizona quería imponer. El fallo de la juez demuestra además que la Ley SB 1070 es un intento anticonstitucional por parte del estado de adueñarse del sistema federal al interior de las fronteras de Arizona. Los estados de todo el país deben darse cuenta que cualquier intento parecido no tendrá éxito.”

Linton Joaquín, Abogado General de NILC:

“Con el fallo de hoy, la Juez Bolton otorgó un amparo contra las disposiciones más atroces de la Ley SB 1070, una promulgación peligrosa que amenaza los derechos fundamentales de un sin número de residentes de Arizona y visitantes al mismo. Otros estados que sigan las pautas erróneas de Arizona deben considerarse bajo advertencia: no se puede permitir ningún intento de atropellar los derechos constitucionales de las comunidades de color en este país. Estamos ansiosos de demostrar, mediante nuestra demanda, que esta ley tan dañina deben eliminarse de manera permanente del régimen jurídico de Arizona.”

Alessandra Soler Meetze, Directora Ejecutiva de la ACLU de Arizona:

“Este es un primer paso hacia la victoria para las libertades civiles en Arizona. Estamos ansiosos de demostrarle a la juez que esta ley reaccionaria de caracterización racial quebranta la Constitución, para que podamos comenzar el verdadero trabajo de elaborar soluciones prácticas que respondan a las inquietudes que tiene el país respecto a la inmigración, en lugar de violentar los valores fundamentales de los estadounidenses.”

Julie Su, Directora de Litigios de APALC:

“Elogiamos a la juez por haber visto lo peligroso que habría sido que se promulgara esta ley. La SB 1070 presenta un esquema inmigratorio distinto y separado que contradice las leyes y políticas federales, y tendría un efecto devastador en los asiático-americanos, las personas provenientes de las islas de Pacífico, los latinos y otras personas de color en Arizona. De hecho, ya se han comenzado a sentir esos efectos negativos. Este fallo deja claro que intimidar a las comunidades de inmigrantes, el pedir que las personas se detengan con el pretexto de pedirles “documentos” y los pronunciamientos acerca de quiénes son los que tienen derecho a estar en Arizona y quiénes no, so pretexto de hacer cumplir la SB 1070, deben cesar de inmediato.”

Pablo Alvarado, Director of NDLON:

“Si la historia nos sirve de referencia, el camino que nos queda por delante en Arizona, es muy largo. El día de hoy fue una parada en el camino, y aunque confiamos plenamente en el proceso judicial para que en última instancia se defienda la Constitución de los Estados Unidos, no debemos cantar victoria hasta que se le ponga el alto a la SB 1070 por completo, y hasta que los derechos civiles de todos los habitantes de Arizona queden completamente protegidos.”

La organizaciones y abogados del caso, Friendly House et al. v. Whiting et al., incluyen:

• Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU: Lucas Guttentag, Omar Jadwat, Cecillia Wang, Tanaz Moghadam y Harini P. Raghupathi;
• MALDEF: Perales, Thomas A. Saenz, Cynthia Valenzuela Dixon, Victor Viramontes, Gladys Limón, Nicholás Espiritu e Ivan Espinoza-Madrigal;
• NILC: Joaquin, Karen Tumlin, Nora A. Preciado, Melissa S. Keaney, Vivek Mittal y Ghazal Tajmiri;
• Fundación ACLU de Arizona: Dan Pochoda y Annie Lai;
• APALC: Su, Ronald Lee, Yungsuhn Park, Connie Choi y Carmina Ocampo;
• NDLON: Chris Newman;
• NAACP: Laura Blackburne;
• Munger Tolles & Olson LLP: Bradley S. Phillips, Paul J. Watford, Joseph J. Ybarra, Susan T. Boyd, Yuval Miller, Elisabeth J. Neubauer y Benjamin Maro;
• Roush, McCracken, Guerrero, Miller & Ortega: Daniel R. Ortega, Jr.

La petición para un interdicto preliminar se pueden consultar en: www.aclu.org/immigrants-rights-racial-justice/friendly-house-et-al-v-whiting-et-al-plaintiffs-motion-preliminary-

Puede ver un video nuevo de la ACLU acerca de cómo la SB 1070 fomenta la caracterización racial en: www.aclu.org/immigrants-rights-racial-justice/would-you-ask-man-his-papers

Para mayores datos acerca de la ley de Arizona, vaya a: www.aclu.org/what-happens-arizona-stops-arizona