La ACLU, la NILC y una coalición de grupos de derechos civiles entablan demanda impugnando ley “Muéstreme sus papeles” de Georgia

June 2, 2011
La ley convertiría al estado de Georgia en un estado policiaco  e alentaría la discriminación racial, afirman los grupos
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2 de junio del 2011
 
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ATLANTA -- La Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, o ACLU, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (National Immigration Law Center, NILC, por sus siglas en inglés) y una coalición de grupos promotores de los derechos civiles entablaron una demanda de clase el día de hoy impugnando la recién promulgada Ley de Georgia, HB 87, que se inspiró en la notoria Ley SB 1070 de Arizona. La Ley HB 87 autoriza a la policía a exigir “papeles” que comprueben la ciudadanía o condición migratoria de personas a quienes obliguen a detenerse en la vía pública,, convierte en delincuentes a las personas que interactúan a diario con las personas indocumentadas y hace injustificablemente difícil que los individuos que no cuenten con determinados documentos puedan tener acceso a instalaciones y servicios estatales. Esta ley extremista, denuncia la coalición, pone en peligro la seguridad pública, alienta la caracterización o discriminación racial de los latinos, los asiáticos y demás personas con apariencia de extranjeros e interfiere con las leyes federales.
 
La coalición que entabló la demanda incluye a la ACLU, la NILC, la ACLU de Georgia, el Southern Poverty Law Center y el Asian Law Caucus.
 
“La Ley de Georgia es esencialmente anti-americana: no somos un país donde se exige a la gente que muestre sus papeles, y nadie cree que al hacer que ciertas personas sean “intocables” las demás personas deben tener miedo de ayudar, albergar o transportar," dijo Omar Jadwat, abogado con el Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Los tribunales han prohibido que entren en vigor las leyes de Arizona y Utah. Georgia debe estar preparada para tener el mismo resultado.”
 
Georgia se encuentra entre un número reducido de estados que han promulgado leyes que emulan la controvertida y costosa Ley SB 1070 de Arizona, a pesar de que la ley de Arizona fue prohibida por los tribunales. Los estados de Utah y Indiana promulgaron una ley similar a principios del año, pero el tribunal federal dejó la ley en Utah en suspenso mientras se analiza a fondo.
 
 “La Ley HB 87 de Georgia contraviene los valores fundamentales y el estado de derecho,” dijo Karen Tumlin, abogada supervisora, Centro Nacional de Derecho de Inmigración. “Le da a los habitantes de Georgia una razón para que teman que se les despoje de sus derechos constitucionales simplemente por su apariencia o acento. Las leyes que fomentan este tipo de cruda discriminación están a destiempo con la historia y no se les puede permitir permanecer. Estamos confiados que el juez estará de acuerdo que los intentos anticonstitucionales por crear divisiones entre las comunidades de Georgia no se pueden permitir.”
 
La demanda acusa que la HB 87 es anticonstitucional debido a que interfiere ilegalmente con el poder y la autoridad federal en cuestiones de inmigración en contravención de la cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos; autoriza y exige que se efectúen confiscaciones y arrestos no razonables que infringen la Cuarta Enmienda de la Constitución; restringe el derecho constitucional de viajar con libertad por todos los Estados Unidos; y quebranta las cláusulas de Protección Igual y Proceso Debido de la Constitución de los Estados Unidos al discriminar ilegalmente contra las personas con ciertos tipos de documentos de identidad.
 
 “Este ley extremista convierte en criminales a personas comunes y corrientes que conviven a diario con los individuos indocumentados de sus comunidades, haciendo que personasreligiosas y otros sean susceptibles del arresto y la detención al realizar actos de caridad y bondad,” dijo Debbie Seagraves, Directora Ejecutiva de la ACLU de Georgia.
Uno de los individuos representados en el caso, Paul J. Edwards, es un cristiano devoto que cree firmemente en ayudar a todos los individuos de su comunidad, sin importar su condición migratoria. Como parte de este compromiso religioso, Edwards transporta a las personas, incluyendo a los indocumentados, a lugares de culto y donde se brinda atención médica. Según la ley de Georgia, el Sr. Edwards sería sujeto s a riesgos penales por ayudar, transportar y alberga a estos individuos.
 
 “Esta ley socava los valores estadounidenses esenciales de justicia e igualdad,” dijo Mary Bauer, Directora Jurídica, Southern Poverty Law Center. “Al continuar con el discurso del odio que se ha convertido tan frecuente entre los funcionarios públicos, esta ley amenaza los derechos tanto de los ciudadanos como de los no ciudadanos al alentar la discriminación racial. Lamentablemente, esto coloca a Georgia en el lado equivocado de la historia.”
 
Otro demandante, Paul Bridges, es un seguidor del partido republicano desde hace mucho tiempo y alcalde de Uvalda, Georgia, un poblado de aproximadamente 600 personas en el Condado de Montgomery. Debido a que el Sr. Bridges habla español y es bien conocido en la comunidad, con frecuencia ayuda a interpretar en escuelas, consultorios médicos, tribunales y otros lugares. También proporciona transporte a individuos indocumentados para que puedan ir a la iglesia, la tienda, citas con el médico y torneos de futbol en poblados aledaños. Si la ley de Georgia entra en vigor, el Sr. Bridges y los individuos indocumentados que viajen con él se arriesgan a que los consignen a las autoridades.
 
“Georgia es la sede de unas de las poblaciones asiáticas de mayor crecimiento, dijo Sin Yen Ling, abogado en jefe, Asian Law Caucus. “Esta ley incita el uso de perfiles raciales de los asiático americanos y los inmigrantes y debe anularse.”
La demanda entablada el día de hoy en el Tribunal Federal de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Georgia a nombre de organizaciones de derechos civiles, laborales, de justicia social y de corte religioso, incluyendo a Latino Alliance for Human Rights, Service Employees International Union, the Southern Regional Joint Board of Workers United, Alterna, Coalition of Latino Leaders, Task Force for the Homeless, DreamActivist.org, Instituto de Mexico, Coalition for the People’s Agenda, the Asian American Legal Advocacy Center; demandantes individuales que serían objeto del acoso o arresto bajo la ley; y una clase de personas en condiciones semejantes.
 
Los abogados del caso son: Jadwat, Andre Segura, Elora Mukherjee, Cecillia D. Wang and Kate Desormeau of the ACLU Immigrants’ Rights Project; Tumlin, Linton Joaquin, Nora A. Preciado, Melissa S. Keaney, Tanya Broder and Jonathan Blazer of the National Immigration Law Center; Bauer, Andrew H. Turner, Samuel Brooke, Naomi Tsu, Michelle R. Lapointe and Daniel Werner of the Southern Poverty Law Center; Chara Fisher Jackson and Azadeh N. Shahshahani of the ACLU of Georgia; G. Brian Spears; Ling of the Asian Law Caucus; R. Keegan Federal, Jr. of Federal & Hassan, LLP.; and Charles H. Kuck and Danielle M. Conley of Kuck Immigration Partners, LLC.
 
 

 

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