Un juez impide al gobierno poner en práctica una regla defectuosa respecto a los n£meros de seguro social que no concuerdan

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SAN FRANCISCO – Un juez federal emitió una ordenpreliminar el día de hoy, la cual le prohibe al gobierno hacer cumplir unanueva regla que utilizaría los archivos del seguro social para hacer cumplirlas leyes de inmigración, evitando así que los ciudadanos y residentes legalesde EE.UU. pierdan sus trabajos a causa de errores en la base de datos de laAdministración del Seguro Social (Social Security Administration, o SSA, porsus siglas en inglés). La orden impide que entre en vigor una nueva regla delDepartamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, oDHS, por sus siglas en inglés), hasta que el juez emita su dictamen final al cabode un juicio. La regla castigaría a los empleadores si no toman medidas despuésde recibir cartas de la Administración del Seguro Social, indicando que noconcuerda el número de seguro social.

El juez de Distrito Federal, Charles R. Breyer,concluyó que “la propuesta del gobierno de distribuir cartas que indiquen queno concuerda determinado número de seguro social, de hecho afectaría a más deocho millones de trabajadores y, en el plazo obligatorio, resultaría en eldespido ilegal de trabajadores con empleo legal.” El juez también dedujo que”si se permitiera el envío de las cartas, junto con la carta con directivas delDHS, causaría daños irreversibles a trabajadores y empleadores inocentes.”

“Esto representa un paso importante hacia la reversión de esta regla ilegal, la cual le otorgaría a los empleadores unamanera aun más severa de impedir que los trabajadores se sindicalicenlibremente,” afirmó John Sweeney, Presidente de la AFL-CIO. “Más del 70% de lasdiscrepancias de la SSA afectan a ciudadanos de EE.UU.”

La audiencia preliminar del día de hoy resulta deuna demanda entablada en agosto por la Federación Laboral de EE.UU. y Congresode Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), así como laUnión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), elCentro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center, oNILC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Laboral Central del Condado deAlameda (Central Labor Council of Alameda), además de otros movimientoslaborales locales. En la demanda, las organizaciones alegan que esta reglamalconcebida infringe la ley y los derechos de los trabajadores, además deimponer obligaciones agobiantes a los empleadores, y provocar la discriminacióncontra los trabajadores a quienes se les perciba como inmigrantes. Variosgrupos labores y empresariales se unieron a la demanda para impugnar la regla.El dictamen del día de hoy extiende la prohibición indefinidamente hasta que eljuez emita su fallo final en el caso al cabo del juicio.

El Tribunal de Distrito suspendió la regla delDHS de forma temporal poco después de entablarse la demanda y prohibió algobierno que enviara notificaciones referentes a la nueva regla aaproximadamente 140,000 empleadores a lo largo y ancho del país.

Desde hace años, la SSA ha enviado cartasnotificando a los empleadores que no concordaba la información de seguro socialque proporcionaba un trabajador en un formulario W-2 con la informacióncontenida en las bases de datos de la SSA. Las cartas de “no concuerda” nuncase habían considerado como motivo para pensar que el empleado no tuvierapermiso para trabajar en EE.UU. En la actualidad, los empleadores que recibendichas cartas de “no concuerda” no tienen la obligación de tomar medida alguna.De hecho, hay muchas razones inocentes que explican dichas discrepancias, talescomo los errores secretariales, los cambios de nombre a causa del matrimonio odivorcio, y el uso de nombres de pila múltiples, algo común en muchas regionesdel mundo.

“El juez vio la necesidad de sopesar aconsciencia si era sensato poner en peligro los empleos de los trabajadores porculpa del desorden imperante en la base de datos del seguro social, la cualestá repleta de errores,” aseveró Scott Kronland, de Altshuler Berzon LLP,quien presentó alegatos en el caso.

Bajo la nueva regla del DHS, los empleadores quereciban cartas de “no concuerda” podrían verse obligados a despedir a losempleados si las discrepancias con la SSA no se resuelven en un plazo de 93días a partir de que reciban la carta de “no concuerda.” Si el empleador noresponde a la carta de “no concuerda”, el DHS podría concluir que el empleadortenía “conocimiento constructivo” de que un empleado no tenía autorización paratrabajar en EE.UU. y por consiguiente podría enjuiciar al empleador.

“El gobierno de Bush ha demostrado su desdénhacia los trabajadores legales y los ciudadanos al adoptar una regla quecastiga a los trabajadores y empleadores inocentes so pretexto de hacer cumplirlas leyes de inmigración. El juez dejó al descubierto la falla fatal de lanueva regla al reconocer que las cartas de “no concuerda” se basan en archivosde la SSA que están repletos de errores y que el cambio de postura del gobiernorespecto al uso de estos archivos fue incorrecto. En lugar de castigar a losciudadanos y a los trabajadores legales, el gobierno debería dedicarse a hacercumplir los derechos de todos los trabajadores a un buen salario y a un lugarde trabajo seguro,” señaló Lucas Guttentag, Director del Proyecto de losDerechos de los Inmigrantes de la ACLU, y uno de los abogados del caso.

“Nos complace que el juez haya visto la necesidadde suspender esta regla, la cual conllevaría a un aumento en la explotación yla discriminación de los trabajadores,” añadió Marielena Hincapié, Abogada yDirectora de Programas de la NILC. “Aunque el DHS quiere hacer uso de lascartas de “no concuerda” para hacer cumplir las leyes de inmigración, la regladel DHS haría muy poco para conseguir disminuir la inmigración deindocumentados. Por lo contrario, alentaría un aumento a la contrataciónclandestina por parte de empleadores que preferirían evitar los formularios W-2y más bien pagar a sus empleados en efectivo. En consecuencia, se evadirían lasprotecciones básicas a los trabajadores. Las cartas de “no concuerda”simplemente servirían para sabotear los derechos laborales de lostrabajadores.”

La orden del día de hoy se emitió en el TribunalFederal del Distrito Norte de California.

Además de la AFL-CIO, la cual fue representadapor el despacho jurídico Altshuler Berzon LLP, otras partes que participaron enla demanda incluyen el Consejo Laboral Central del Condado de Alameda (CentralLabor Council of Alameda County), representado por la ACLU, la ACLU del Norte deCalifornia, y la NILC, así como el Consejo Laboral de San Francisco (SanFrancisco Labor Council) y el Consejo de los Oficios de Construcción (SanFrancisco Building and Construction Trades Council), el cual fue representadopor Weinberg, Roger and Rosenfeld.

Además de Guttentag, Kronland e Hincapié, losabogados del caso incluyen a Stephen Berzon, Jonathan Weissglass, Linda Lye yDanielle Leonard de Altshuler Berzon LLP; Jonathan Hiatt, James Coppess y AnaAvendaño de la AFL-CIO; Jennifer Chang, Mónica M. Ramírez, y Omar Jadwat delProyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU; Alan Schlosser y JuliaMass de la ACLU del Norte de California; Linton Joaquin y Monica Guizar delNILC; y David Rosenfeld y Manjari Chawla de Weinberg, Roger y Rosenfeld.

La demanda y otros datos acerca de la demanda sepueden localizar en: www.aclu.org/nomatch