Cómo una ley de la época de COVID que prohíbe las "noticias falsas" en Puerto Rico acecha a la prensa
En el punto más crítico de la pandemia de COVID-19, cuando Puerto Rico aprobó una ley que pretendía prohibir las “noticias falsas”, dos periodistas temieron que la prohibición los expusiera a procesos penales por sus reportajes los cuales eran críticos sobre el gobierno, sus funcionarios y sus medidas de respuesta a la emergencia. Según la ley, cualquier persona acusada podía enfrentar hasta tres años de cárcel y miles de dólares en multas.
La ley se dirigía a cualquier persona acusada de dar "una falsa alarma" o difundir información falsa que resultara en un riesgo para la vida, la salud o la propiedad durante una emergencia pública declarada en la isla. ACLU y ACLU de Puerto Rico presentaron una demanda para impugnar la ley en mayo de 2020, representando a Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, ambos periodistas de larga trayectoria que han cubierto emergencias públicas. El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Primer Circuito, que decidirá sobre la constitucionalidad de la ley, escuchó los argumentos orales del caso en octubre.
"Creí que era esencial seguir adelante con este litigio porque el gobierno había cruzado una línea que amenazaba la esencia misma de la participación democrática", dijo González Cotto. "Cuando el estado se otorga a sí mismo el poder de decidir qué información es verdadera o falsa, especialmente durante una emergencia, abre la puerta a la censura, la intimidación y el amordazamiento del escrutinio legítimo".
En este segmento de Prensa en peligro, examinaremos el desafío de ACLU a esa ley en Puerto Rico y por qué proteger las "noticias falsas" de la regulación gubernamental protege todas las noticias.
Las leyes contra la desinformación pueden limitar la responsabilidad del gobierno
La demanda argumenta que permitir que el gobierno se convierta en el árbitro del debate público viola la Primera Enmienda. En este caso, la ley intenta criminalizar los informes que el gobierno considera peligrosamente falsos, poniendo en riesgo los derechos de cada periodista y poniendo en peligro al público en el proceso. En el 2017, por ejemplo, el secretario de la gobernación acusó públicamente a Rodríguez Cotto de mentir después de que ella revelara que la cifra reportada por el gobierno de los muertos a causa del huracán María estaba muy por debajo a la cifra real. Si la ley en cuestión hubiese estado vigente en ese entonces, podrían haberla procesado penalmente.
Puerto Rico no es el único lugar que ha introducido una ley contra las "noticias falsas", pero si se permite que la ley se mantenga, se encontrará en una compañía preocupante, como señaló la Clínica de la Primera Enmienda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia en su alegato de amicus curiae en nombre de grupos de libertad de expresión y prensa. Hungría, por ejemplo, prohíbe la cobertura "desequilibrada" y exige que los medios se registren ante el estado. Rusia ha castigado duramente a periodistas por su cobertura del gobierno bajo la apariencia de combatir las "noticias falsas". Egipto ha prohibido medios de comunicación por "publicar noticias falsas" sobre Israel y Gaza.
"Un pueblo libre requiere una prensa libre", dice Brian Hauss, subdirector del Proyecto de Expresión, Privacidad y Tecnología de ACLU y abogado principal del caso. "Si los recientes ataques de la administración Trump a los medios, desde CBS News hasta Jimmy Kimmel, nos han enseñado algo, es que no se puede permitir que el gobierno dicte qué debatimos o cómo lo debatimos. Pero eso es exactamente lo que esta ley intenta hacer".
En 2023, un juez federal estuvo de acuerdo y derogó la ley: "Los tribunales deben estar vigilantes para asegurar que la Primera Enmienda no se debilite durante periodos de emergencias declaradas. La función de vigilancia de la libre expresión nunca es más vital que durante una crisis a gran escala".
¿Puede el gobierno regular las noticias falsas y los engaños?
La ley en Puerto Rico es alarmante precisamente por su lenguaje amplio: podría permitirle al gobierno controlar todo tipo de información durante crisis como una pandemia o un huracán. Un poder de censura tan abarcador y su efecto y el consiguiente efecto inhibidor sobre expresiones que se aparten de la narrativa oficial del gobierno, podría poner en peligro a las personas al limitar sus fuentes de información y disuadir a periodistas e individuos de contradecir a quienes ostentan el poder. Por ejemplo, como describió el Reporters Committee for Freedom of the Press en su alegato de amicus curiae (https://www.rcfp.org/briefs-comments/rodriguez-cotto-v-gonzalez-colon/) a nombre de organizaciones de medios, leyes de “noticias falsas” como la de Puerto Rico podrían haber disuadido a reporteros de cuestionar los intentos de la administración de George W. Bush de minimizar la devastación causada por el huracán Katrina.
Aunque Puerto Rico insiste en que su ley de "noticias falsas" es esencial para evitar que las falsas alarmas causen pánicos masivos peligrosos, la regla de la FCC sobre engaños en las transmisiones de la década de 1990 demuestra que es posible redactar una ley que proteja la seguridad pública sin socavar las libertades de prensa. Esa regla se introdujo como una forma de combatir los engaños radiales comunes a partir de los años 70s. Varios programas de radio realizaron montajes falsos al aire con fines promocionales, que iban desde confesiones falsas de crímenes violentos hasta secuestros ficticios de locutores. En un ejemplo muy sonado, el director de la emisora WALE-AM en Rhode Island anunció falsamente que el presentador del programa, Steve White, había recibido un disparo en la cabeza afuera del estudio mientras se tomaba un descanso para fumar.
El anuncio provocó que la policía y los medios acudieran a la estación, desperdiciando recursos públicos y causando pánico entre los oyentes. Después de décadas de engaños similares con diversos grados de respuesta pública, la FCC creó la regla de engaños en transmisiones basada en los comentarios de los radiodifusores y del público. La regulación castiga la transmisión de información falsa sobre un "crimen o catástrofe" si la estación sabe que la información es falsa, es prácticamente seguro que el discurso causará un daño público inmediato y sustancial, y la transmisión, de hecho, crea ese daño.
La mayoría de las estaciones saben que la regla de engaño puede invocarse solo si emitieron, por ejemplo, una amenaza de bomba falsa o una transmisión engañosa sobre un tiroteo masivo. Esto contrasta fuertemente con el lenguaje amplio de la ley de Puerto Rico, que potencialmente criminaliza el discurso sobre cualquier tema durante una emergencia declarada, desde especulaciones sobre el origen de COVID-19 hasta reportajes sobre el resultado de una elección.
Como ha sostenido el Tribunal Supremo, el gobierno no tiene la autoridad para castigar el discurso falso, especialmente en asuntos de interés público, excepto en contextos muy limitados, como prohibir el perjurio o el hacerse pasar por un policía. La ley de Puerto Rico va mucho más allá de esos contextos limitados y viola la Primera Enmienda.
Protegiendo el derecho de libertad de prensa para los puertorriqueños y más allá
Para Puerto Rico, el futuro está en el aire. El gobierno apeló el fallo de 2023 que derogó la ley, y el Primer Circuito escuchó la apelación en octubre. El resultado tendrá implicaciones mucho más allá de los reportajes en la isla.
Para González Cotto, este es el punto: "Para mí, lo que estaba —y sigue estando— en juego es si los puertorriqueños pueden vivir en una sociedad en la que cuestionar al gobierno está protegido, no criminalizado", dijo. "Este caso nunca se trató solo de una ley. Se trataba de establecer un precedente que impidiera que futuras administraciones utilicen leyes vagas como armas para silenciar la disidencia”.
La historia enseña que sin una prensa robustamente libre, el gobierno puede salirse con la suya en abusos de poder con poca oposición. Para González Cotto, los periodistas son un medio a través del cual el público puede ejercer su poder para cuestionar, verificar y responsabilizar a las instituciones. "Una prensa libre asegura que ningún gobierno, corporación o interés poderoso pueda operar sin control", aseveró. "Cuando la prensa es restringida, el público se vuelve vulnerable. Cuando la prensa es libre, el público se vuelve invencible”.
En un momento en el que el gobierno está restringiendo el acceso de la prensa y utilizando a la FCC para castigar a comediantes, mantener esa libertad es más importante que nunca. Permitir que el gobierno decida qué es verdad y qué no lo es, resulta peligroso para todos nosotros. Pero la historia también nos ha enseñado algo más: cuando luchamos por ella, la Primera Enmienda es lo suficientemente fuerte como para capear la tormenta.
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Press ReleaseJan 2026
LGBTQ Rights
Free Speech
Aclu And Aclu Of Minnesota React To The Trump Administration's Arrests Of Journalists Don Lemon And Georgia Fort. Explore Press Release.ACLU and ACLU of Minnesota React to the Trump Administration's Arrests of Journalists Don Lemon and Georgia Fort
WASHINGTON — Last night, the Trump administration arrested journalists Don Lemon and Georgia Fort for reporting on federal agent activity and protests in Minneapolis. Their arrests and overnight detentions came after a federal magistrate judge declined to issue arrest warrants for them, and after Minnesota's chief federal district judge expressed strong skepticism about the charges’ validity. These arrests are the latest in a series of attacks by the Trump Administration on the First Amendment’s guarantee of a free press. In recent months, the Trump administration has retaliated against journalists and bystanders for recording immigration enforcement activity, conducted a search of a Washington Post journalist’s home after reporting confidential information, punished the Associated Press for refusing to use the Administration’s preferred term for the Gulf of Mexico, and tried to prevent journalists from reporting on non-official information from the Pentagon. Esha Bhandari, Director of the ACLU Speech, Privacy, and Technology Project, issued the following statement in response: “The federal government prosecuting journalists for their reporting is extremely concerning, made more so by its continued pursuit of these charges after a magistrate judge refused to sign-off on the arrest warrant and over the reported objections of career prosecutors. This will send a chilling message to other journalists reporting on the administration's actions, and should be understood in the context of the government’s broader crackdown on freedom of the press.” Deepinder Mayell, Executive Director of the ACLU of Minnesota, issued the following statement: “The Trump administration has abused the rights of Minnesotans for months. Arresting journalists should alarm everyone. These arrests are a bold escalation of the Trump administration’s quest to target a free press, avoid transparency and shape the truth. They are trying to send a message to journalists across the country that they could be next.” -
Washington, D.C.Jan 2026
Free Speech
The New York Times Co. V. Department Of Defense. Explore Case.The New York Times Co. v. Department of Defense
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Press ReleaseJan 2026
Free Speech
Aclu To Federal Court: Pentagon Press Policy Threatens Core First Amendment Freedoms. Explore Press Release.ACLU to Federal Court: Pentagon Press Policy Threatens Core First Amendment Freedoms
WASHINGTON — The American Civil Liberties Union and the ACLU of the District of Columbia filed a brief late last night in support of the New York Times in its lawsuit against the Department of Defense (DoD) over its new press policy, which the brief describes as asserting the power “to banish journalists for disfavored coverage.” The ACLU warns that this unconstitutional policy must be understood as “part of a broader assault on free expression” that resembles authoritarian tactics seen in other countries that have experienced democratic backsliding. The New York Times was one of several major outlets to turn in their press access badges at the Pentagon in October in protest of the new rules from Secretary of Defense Pete Hegseth. The rules prohibit reporters from soliciting, receiving, or publishing information that is not authorized by DoD, even if the information is not classified. The Times filed suit several weeks later, alleging that the new policy violates the First and Fifth Amendments, as well as the Administrative Procedure Act. “Journalists are not mouthpieces for government propaganda, but that’s exactly what these new rules try to turn them into,” said Scott Michelman, legal director at the ACLU of D.C. “The First Amendment protects our right to a free press precisely because it can hold the government accountable to the people. We have seen time and time again throughout our nation's history that muzzling the press can have dire consequences. This administration’s relentless pursuit of ideological conformity through its repeated attacks on the press ignores the lessons of our history and the commands of our Constitution.” Echoing arguments made in an amicus brief filed in support of an Associated Press lawsuit against the Trump administration in October 2025, the brief argues that unchecked incursions on press freedoms frequently lead to greater repression, as demonstrated by American history and the modern experience of other nations. The brief catalogues the Trump administration’s alarming campaign of retaliation against dissenting voices, as well as its documented campaign against journalists. “Restrictions on press freedom are the canary in the coal mine for democratic backsliding,” said Brian Hauss, deputy director of the ACLU’s Speech, Privacy and Technology Project. “As the White House thumbs its nose at the First Amendment, it’s instructive to look to countries like Hungary and Russia, where the descent into autocracy began with crackdowns on journalists. We hope the court rebukes the Pentagon’s effort to coerce reporters providing critical information to the American people.” The New York Times’ suit, The New York Times Company v. Department of Defense, was filed in the U.S. District Court for the District of Columbia in December 2025. The ACLU and the ACLU of D.C. filed the amicus brief with the court in support of the Times’ motion for summary judgment. The amicus brief can be viewed here. -
Press ReleaseJan 2026
Free Speech
Appeals Court In Mahmoud Khalil’s Case Decides Federal Court Lacks Jurisdiction Until Immigration Court Proceedings Complete. Explore Press Release.Appeals Court in Mahmoud Khalil’s Case Decides Federal Court Lacks Jurisdiction Until Immigration Court Proceedings Complete
PHILADELPHIA — Today, in a split 2-1 decision, the Third Circuit Court of Appeals overturned a district court ruling that found Mahmoud Khalil’s detention and removal likely unconstitutional. Today's order does not weigh in on the core First Amendment arguments in his case but holds that the district court did not have subject matter jurisdiction over Mr. Khalil’s immigration proceedings. The opinion does not go into effect immediately and the Trump administration cannot lawfully re-detain Mr. Khalil until the order takes formal effect, which will not happen while he has the opportunity to seek immediate review. Mr. Khalil’s legal team has several legal avenues they may pursue, including seeking review en banc from the Third Circuit Court of Appeals, which would allow all judges from the Third Circuit to weigh in. “Today’s ruling is deeply disappointing, but it does not break our resolve,” said Mahmoud Khalil. “The door may have been opened for potential re-detainment down the line, but it has not closed our commitment to Palestine and to justice and accountability. I will continue to fight, through every legal avenue and with every ounce of determination, until my rights, and the rights of others like me, are fully protected.” In June 2025, a federal judge district court judge Michael E. Farbiarz granted Mr. Khalil’s request for a preliminary injunction after concluding that he would continue to suffer irreparable harm if the government continued efforts to detain and deport him on the basis of Secretary of State Marco Rubio’s determination under the “foreign policy ground,” a rarely used deportation provision of the federal immigration statute, that Mr. Khali’s lawful protected speech would “compromise a compelling U.S. foreign policy interest.” Judge Farbiarz also found that Mr. Khalil was likely to succeed on the merits of his constitutional challenge to his detention and attempted deportation on the “foreign policy ground.” In a separate order, Judge Farbiarz released Mr. Khalil on bail after determining that he presented neither a danger nor a flight risk and that extraordinary circumstances justified his temporary release while his habeas case proceeded. “Today’s decision is deeply disappointing, and by not deciding or addressing the First Amendment violations at the core of this case, it undermines the role federal courts must play in preventing flagrant constitutional violations,” said Bobby Hodgson, deputy legal director at the New York Civil Liberties Union. “The Trump administration violated the Constitution by targeting Mahmoud Khalil, detaining him thousands of miles from home, and retaliating against him for his speech. Dissent is not grounds for detention or deportation, and we will continue to pursue all legal options to ensure Mahmoud's rights are vindicated.” The Trump administration and Department of Homeland Security illegally arrested and detained Mr. Khalil in direct retaliation for his advocacy for Palestinian rights at Columbia University. Shortly after, DHS transferred him 1300 miles away to a Louisiana detention facility — ripping him away from his then eight-months pregnant wife and legal counsel. During the 104 days he remained in ICE custody, Mr. Khalil missed the birth of his first child, among other important moments. Mr. Khalil is represented by Dratel & Lewis, the Center for Constitutional Rights, CLEAR, Van Der Hout LLP, Washington Square Legal Services, the American Civil Liberties Union (ACLU), the New York Civil Liberties Union (NYCLU), the ACLU of New Jersey, and the ACLU of Louisiana. The order and dissent can be read here.