SAN JUAN, P.R. — La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU de Puerto Rico y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP presentaron hoy una demanda en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en la que plantean que la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico no ha adoptado medidas para garantizar el derecho al voto a las personas mayores de 60 años, para ejercer el voto de manera segura en las elecciones generales de noviembre de 2020, sin exponerse a la pandemia COVID-19.

La Comisión Estatal de Elecciones tiene el mandato de adoptar medidas que propendan a garantizar la seguridad de los ciudadanos mayores de 60 años durante elecciones generales, incluido el acceso al voto ausente y voto adelantado. Este mandato proviene del Código Electoral recién aprobado y se vio por medio de la Resolución Conjunta 37-2020 de las Primarias de Ley.

“El problema es que la Comisión no está haciendo nada para cumplir con el mandato legal existente de proteger a los electores para las elecciones generales. Las personas mayores tienen un riesgo particularmente alto de enfermedad grave o muerte si contraen COVID-19. Necesitan opciones de voto ausente y adelantado, pero la Comisión se ha demorado en adoptar las políticas necesarias”, dijo Mayté Bayolo-Alonso, abogada de asuntos legislativos y política pública de la ACLU de Puerto Rico.

Los demandantes son dos residentes de Puerto Rico que tienen más de 60 años y desean votar de manera segura, ya sea mediante papeleta de voto ausente, voto adelantado o por correo, para evitar exponerse a multitudes.

Los demandantes, Belia Arlene Ocasio, de 67 años, y Efraín Colón Damiani, de 69, se encuentran entre los muchos puertorriqueños que se exponen a un alto riesgo de complicaciones graves o muerte si contraen COVID-19. Ninguno de los dos cualifica para el voto adelantado en Puerto Rico, bajo ninguna de las categorías autorizadas por el Código Electoral, y tendrían que votar en persona el 3 de noviembre, si la CEE no ofrece algún remedio.

La demanda señala que es altamente probable que se propague el COVID-19 aún más en Puerto Rico por medio de la agrupación de personas en las escuelas de votación, ya que en Puerto Rico hay alta participación electoral, las escuelas de votación están limitadas y existen políticas estrictas limitando el voto por correo. Esto afecta especialmente a los ciudadanos de la tercera edad de Puerto Rico. Esta población comprende más del 20% de los electores puertorriqueños.

Los demandantes buscan que el Tribunal ordene a la Comisión Estatal de Elecciones a implementar políticas que permitan a los electores mayores efectuar su voto por adelantado, ausente o por correo. La demanda estima que 800.000 electores mayores de 60 años podrían beneficiarse.

“A medida que las tasas de infección por COVID-19 continúan aumentando, es fundamental asegurarse de que las personas con mayor riesgo en la pandemia puedan proteger su salud y su derecho al voto. Muchos estados reconocen esto y ya han tomado medidas concretas. Puerto Rico necesita hacer lo mismo”, dijo Adriel Cepeda Derieux, abogado senior del Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU. Entre los estados, Indiana, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia Occidental están adoptando medidas que permiten a las personas mayores efectuar su voto adelantado o por correo durante la pandemia.

https://www.aclu.org/legal-document/complaint-ocasio-v-comision-estatal-de-elecciones

 

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