May 20, 2020

SAN JUAN — La Unión Americana de Libertades Civiles (“ACLU” por sus siglas en inglés) y ACLU Puerto Rico radicaron una demanda sobre violación a la Primera Enmienda por las dos leyes recientes contra ‘fake news’ en Puerto Rico. Las leyes, una de las cuales fue aprobada durante la cobertura mediática sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte de Puerto Rico, criminaliza el compartir información que el gobierno considere falsa sobre las emergencias en Puerto Rico, incluyendo la actual pandemia global de COVID-19. Los violadores podrían enfrentarse a hasta tres años de cárcel y a una multa de hasta $5,000.

La demanda fue radicada a nombre de dos periodistas, Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, quienes temen que las leyes se usarán para castigarlos por sus reportajes sobre la crisis de COVID-19, sobre todo por reportajes que reflejan al gobierno pobremente. Argumentan que las leyes violan sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debido proceso de ley, y procuran una orden judicial que impida la aplicación de las leyes.

“Durante tiempos de crisis, como la pandemia a la que ahora nos enfrentamos, la gente necesita recibir más información sobre cómo su gobierno está operando”, dijo la demandante Sandra Rodríguez Cotto. “La prensa tiene que ser libre para ejercer su trabajo, sin miedo a represalias del gobierno. Estas leyes le colocan una barrera importante a la información de interés público y al debate que debe poder llevarse a cabo”.

ACLU argumenta que las leyes de Puerto Rico contra “fake news”, las cuales no le requieren al gobierno que demuestre que el hablante sabía que su expresión era falsa, viola la Primera Enmienda y la Cuarta Enmienda por su terminología imprecisa y alcance tan amplio. Las leyes les proveen a las personas muy pocas guías sobre qué puede constituir un crimen y le dan demasiada discreción al gobierno en cuanto a decidir a quién enjuiciar. Como consecuencia, las leyes enfrían una porción importante de los reportajes sobre la crisis de COVID-19 y otras emergencias, concretamente porque los periodistas corren el riesgo de ser enjuiciados si el gobierno reclama la precisión de sus reportajes.

“Una sociedad libre y democrática depende de una prensa libre, especialmente durante tiempos de emergencia” dijo Brian Hauss, abogado del proyecto de expresión, privacidad y tecnología de ACLU. “Estas leyes contra ‘fake news’ violan el principio cardenal de la Primera Enmienda, el cual establece que no puede confiársele al gobierno  la regulación del diálogo sobre asuntos de interés público”. 

Aunque las leyes aparentemente solo aplican a “información falsa”, ACLU advierte que inevitablemente suprimirán una porción importante de información verdadera sobre asuntos de inmenso interés público. ACLU añade que la transparencia de gobierno, no la censura, sería una manera más efectiva de combatir la desinformación, si efectivamente ese fuera el fin del gobierno. El gobierno podría comenzar por celebrar ruedas de prensa frecuentes sobre la crisis de COVID-19 en Puerto Rico, publicando récords pertinentes y explicándole al público su plan de acción.

“Por demasiado tiempo la gente de Puerto Rico ha tenido que tolerar administraciones que legislan en la oscuridad de la noche, sin rendir cuentas al pueblo por sus acciones, ni responder a cualquier forma de supervisión”, dijo William Ramírez, director ejecutivo de ACLU Puerto Rico. “Estas leyes solo sirven para alentar el temor en aquellos que exigen respuestas y un gobierno limpio. Deben ser tildadas como ofensivas a la primera enmienda y al gobierno democrático”.   

Sandra Rodríguez Cotto es la anfitriona el programa de radio unionado “En blanco y negro con Sandra” y publicó las primeras 11 páginas de la conversación de Telegram entre el entonces-gobernador Ricardo Rosselló y sus asesores, revelando el uso de lenguaje misógino y descripciones de violencia en contra de mujeres. La cobertura mediática de las conversaciones del entonces-gobernador desembocaron en protestas en toda la isla en contra del gobierno, las cuales eventualmente terminaron en la renuncia del gobernador. Sus reportajes también expusieron la realidad sobre la severidad en números sub-reportados de las muertes como resultado del Huracán María y su fracaso en la distribución de ayuda para las víctimas de los terremotos.

Rafelli González Cotto ha publicado numerosos escritos sobre la respuesta de Puerto Rico ante el brote de COVID-19. Su reportaje reveló, por ejemplo, que el porcentaje de muertes por casos publicado por el Departamento de Salud estaba significativamente sub-reportado con respecto al porcentaje real de muertes por casos. Pronto después de publicado el artículo, el Departamento de Salud quitó la información de su página web. Como resultado de las leyes, teme que sea enjuiciado injustamente por reportajes certeros que el gobierno reclame como falsos. Sus fuentes han parado de compartirle información como de costumbre por miedo a que el gobierno aplique estas leyes para enjuiciarlos. 

La demanda se radicó en el tribunal federal para el distrito de Puerto Rico.

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Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, ACLU y sus 54 capítulos estatales han entablado más de 110 acciones legales en toda la nación para salvar vidas, asegurar el derecho al voto, proteger el derecho al aborto y vigilar extralimitaciones gubernamentales injustificadas. Más información sobre esas acciones está disponible aquí: https://www.aclu.org/news/civil-liberties/how-the-aclu-is-responding-to-the-pandemic-visualized/.

An English version of this release is here: https://www.aclu.org/press-releases/aclu-challenges-puerto-rico-covid-19-fake-news-laws.

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