Tribunal federal escucha alegatos en demanda contra ley anti-inmigrante de Hazleton

La ACLU sostiene que juez debe afirmar fallo que declara anti-constitucional a la ordenanza

PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA
CONTACTO: (212) 519-7808 ó 549-2666; media@aclu.org

PHILADELPHIA — La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) alegó hoy en un tribunal de apelaciones que el juez debería afirmar el fallo rendido por un juez federal en Pennsylvania, quien declaró que la ley anti-inmigrante de la ciudad de Hazleton era anti-constitucional. La ley de Hazleton castigaría a los caseros y a los patrones a quienes se les acusara de alquilar viviendas o contratar, según corresponda, a inquilinos o empleados que la ciudad clasificara como “ilegales.”

El caso, Lozano contra Hazleton, ha sido objeto del escrutinio a nivel nacional y es la única demanda impugnando una ley anti-inmigrante a nivel estatal o local sobre la cual se dictaminó al cabo de un juicio completo.

“Tras escuchar dos semanas de testimonios y tomar en cuenta cientos de documentos, el tribunal del distrito federal hizo lo correcto al condenar con la mayor firmeza posible a la ley anti-inmigrante de Hazleton,” afirmó Omar Jadwat, abogado del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Este intento de los políticos locales de transformar a Hazleton en un enclave de hostilidad hacia lo inmigrantes no sólo fue mal concebido, sino es claramente anti-constitucional.”

Hazleton promulgó su primera ordenanza anti-inmigrante en agosto del 2006, y de inmediato se entabló una demanda que impugnaba dicha ley a nombre de los residentes, caseros y empresarios de Hazleton, por parte de una coalición de derechos civiles que incluyó a la ACLU, la ACLU de Pennsylvania, el Puerto Rican Legal Defense and Education Fund (ahora Latino Justice PRLDEF), al Proyecto de Justicia Comunitario y al despacho jurídico de Cozen O’Connor.

Durante el juicio, los funcionarios de Hazleton alegaron que los inmigrantes indocumentados eran los responsables de llevar a la ciudad a la bancarrota, al aumentar el costo de los servicios médicos e incrementar significativamente la delincuencia. Sin embargo, la evidencia que se presentó en el juicio reveló que a lo largo de un periodo de seis años, el enorme flujo de inmigrantes latinos en realidad ayudó a transformar un enorme déficit de la ciudad en un superávit, que el sistema de hospitales privados obtuvieron ganancias de $4 millones y que la tasa de delincuencia en realidad decayó. De más de 8,500 delitos que se cometieron, sólo 21 de ellos se vincularon a inmigrantes indocumentados; de 428 delitos violentos, sólo tres de ellos.

“Llegó la hora de que Hazleton y otras ciudades dejen de hacer chivos expiatorios de los inmigrantes para todos sus problemas,” dijo Vic Walczak, Director Jurídico de la ACLU de Pennsylvania. “Dejar que cada ciudad y poblado promulgue sus propias leyes de inmigración provocaría la desintegración del país en regiones favorables para los inmigrantes y aquellas hostiles a ellos.”

A nombre de la coalición, tanto Walcsak como Jadwat alegaron el día de hoy en el tribunal de apelaciones de la instancia federal para el tercer distrito, que la ley de la ciudad era anti-constitucional. Varias organizaciones de derechos civiles que respaldaban el caso en oposición a la ley de Hazleton archivaron oficios en solidaridad. Dichas entidades de tipo religioso, laboral y empresarial incluyeron a la Cámara de Comercio de los EE.UU., la coalición laboral Change to Win, el American Jewish Committee, los frailes franciscanos capuchinos, Lutheran Children and Family Services, el Friends Committee on National Legislation, Legal Momentum, el Lawyer’s Committee for Civil Rights Under Law, el Southern Poverty Law Center, el Asian Pacific American Legal Center, la Anti-Defamation League y el Mexican American Legal Defense and Educational Fund.

La ACLU está monitoreando a otras ciudades y poblados que están contemplando promulgar o ya han promulgado ordenanzas semejantes a la de Hazleton y ya ha entablado varias demandas relacionadas.

Los abogados del caso incluyen a Jadwat, Lucas Guttentag y Jennifer Chang Newell del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU; Walczak y Mary Catherine Roper de la ACLU de Pennsylvania; Shamaine Daniels de Community Justice Project; Foster Maer y Ghita Schwarz de LatinoJustice PRLDEF; y Thomas G. Wilkinson e Ilan Rosenberg de Cozen O’Connor.

Si desea mayores detalles acerca del caso, Lozano v. Hazleton, vaya a: www.aclu.org/hazleton